Comienza la tramitación de la Ley de Economía Social de Aragón

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes del anteproyecto de Ley de Economía Social de Aragón, con el que se pretende establecer un marco normativo que ponga en valor este sector económico, dotándolo de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible.

El texto plasma el compromiso real y efectivo de la Administración autonómica con el reconocimiento, promoción y estimulo de todas las entidades y empresas aragonesas de la economía social, con una larga tradición en nuestra Comunidad y una amplia implantación en todo el territorio. Según la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES-Aragón), estas entidades representan en nuestra Comunidad aproximadamente un 4,5 % del PIB y han creado más de 20.000 puestos de trabajo. En la actualidad, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de 400.000 personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción, centro especial de empleo, etc.

El Plan de Gobierno de Aragón correspondiente a la presente legislatura, que define los objetivos estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar el crecimiento económico y el empleo en la Comunidad Autónoma, incluye el fomento de la economía social como una actuación estratégica en el ámbito del departamento de Economía, Industria y Empleo.

En esta línea, el departamento ya está llevando a cabo distintas iniciativas. A través de SODIAR, puso en marcha en 2016 un Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social de Aragón, que en esta tercera edición ha contado con 36 solicitudes de emprendedores, de los que se han seleccionado 22 proyectos. Por otra parte, durante el año 2017 finalizaba la 3ª edición del Programa de Emprendimiento Social de Aragón impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que ha permitido apoyar a una veintena de proyectos, y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha otorgado desde 2016 ayudas a Centros Especiales de Empleo, a Empresas de Inserción Laboral y a Cooperativas y Sociedades Laborales, mediante diferentes convocatorias públicas.

Con la finalidad de continuar las actuaciones realizadas, dar cumplimiento al objetivo estratégico determinado por el Gobierno de Aragón de fomentar el ámbito de la economía social y establecer una regulación del sector, se considera necesario establecer un marco jurídico de la economía social de aplicación en Aragón, sin sustituir la normativa aplicable a cada una de las entidades que conforman su ámbito.

Aspectos claves

El anteproyecto de ley  se basa en tres aspectos claves: por un lado, el reconocimiento, impulso  y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de las sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico y dotándolo de la relevancia que merece por sus aportaciones a la sociedad; en segundo lugar, coordinar e instrumentar políticas y medidas de apoyo, incluidas la económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector; y finalmente, integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la participación en órganos específicos – Consejo de la Economía Social de Aragón- que permitan aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas.