Consumo vela por la claridad en los contratos y en la publicidad entre empresarios y consumidores

La Dirección General de Consumo ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Aragonés de Consumo para tratar el intrusismo en la Comunidad desde el punto de vista de la propia dirección. Por ello, tal y como ha declarado el director general de Consumo del Gobierno de Aragón, “ante el difícil contexto económico hemos convocado esta reunión en la que hemos profundizado en los perjuicios que puede suponer para el consumidor contratar determinados servicios con profesionales que no van a garantizar todos sus derechos”.   A partir de un intenso debate en el que se han expuesto los problemas detectados en las diferentes prácticas comerciales y su repercusión en la posible vulneración de derechos como consumidores, se han logrado varios acuerdos tendentes a salvaguardar dichos derechos.   La formación de los ciudadanos, el fomento del consumo responsable, la adhesión a códigos de buenas prácticas o la asunción por parte de los profesionales de contratos consensuados con los consumidores son algunas de las iniciativas en las que se han logrado importantes acuerdos en esta primera reunión monográfica sobre el intrusismo. Existen otras propuestas en las que hay un compromiso de ir avanzando como la suscripción voluntaria de seguros de responsabilidad civil, el incremento del periodo de la garantía legal o la ampliación de la formación a todo el territorio en colaboración con la FAMCP.   El Director General de Consumo ha valorado muy positivamente las conclusiones de la reunión, pues para Larraga “a pesar de tratarse un problema que debe abordarse de manera coordinada con otros departamentos del Ejecutivo, se han sentado unas sólidas bases para trabajar conjuntamente desde el sector empresarial y el tejido asociativo de consumidores”.   Sergio Larraga ha reiterado que “los Servicios de Inspección de Consumo exigen a los empresarios el cumplimiento de sus obligaciones con los consumidores tales como la claridad en los contratos, publicidad y presupuestos, la exigencia de factura o la disposición de hojas de reclamaciones”. Asimismo, ha informado que “los establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo deberían ser una opción preferente en cualquier acto de consumo, suponiendo un instrumento idóneo para discriminar positivamente a los profesionales”.