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El Gobierno de Aragón da un plazo de un mes para que las residencias que no tienen licencia o incumplen los requisitos regularicen su situación
El Boletín Oficial de Aragón publica una orden, de carácter excepcional, de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales especializados
El plan de inspección llevado a cabo por Ciudadanía y Derechos Sociales detectó que hay 45 centros sin licencia de apertura, que no cumplen las condiciones requeridas o ambas cosas
Un total de 45 centros residencias de mayores que o no tienen licencia municipal o no cumplen los requisitos requeridos a estos centros tienen el plazo de un mes para subsanar estas deficiencias. Si pasado este tiempo no lo han hecho, deberán proceder al cierre.
El Gobierno de Aragón quiere garantizar la seguridad de las residencias
Orden excepcional de regularización de residencias
Esto es lo que recoge la Orden de regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales, es decir, residencias para personas mayores, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón.
Esta orden surge del plan de inspección de residencias que puso en marcha el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el pasado mes de julio, que llevó a la clausura de seis centros que optaron por cerrar sus puertas al no poder cumplir con los requisitos exigidos desde el Gobierno de Aragón.
Las conclusiones de este plan señalaron que en Aragón hay 230 residencias autorizadas y un grupo de 45 que, por un motivo u otro, no cumplen con todos los requisitos requeridos para los establecimientos de este tipo. Así, hay 28 que no cuentan con licencia de apertura (deben otorgarla los ayuntamientos) pero que sí cumplen los requisitos en materia de servicios sociales. Cinco centros no tienen licencia ni pasaron la inspección de la DGA y otras 12 que tienen licencia pero que no cumplen las condiciones requeridas.
El Gobierno de Aragón ha dictado esta orden para que estos centros puedan subsanar sus carencias en el plazo de un mes. Para ello ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad en la que se concentra el mayor número de casos, para agilizar la concesión de licencias de apertura a aquellos centros que no las tengan.
El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, ha señalado que se trata de una medida “excepcional” y que el objetivo de la misma es garantizar la seguridad y las buenas condiciones de estos centros.
En la orden se especifica que “los titulares de los centros de servicios sociales especializados incluidos en el ámbito de aplicación de la presente orden deberán presentar, en el plazo de un mes (…) un plan operativo de adecuación del centro y servicio a las condiciones establecidas en el Decreto 111/1992, que contemple la subsanación de las deficiencias señaladas en la inspección de centros y servicios sociales”.
El incumplimiento del plan operativo, la falta de justificación de su ejecución o la ausencia del citado plan motivará el cierre preventivo de los centros.
(Se adjuntan audios del secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y derechos Sociales, José Antonio Jiménez)