El Gobierno de Aragón pide al Central que prorrogue por dos años más la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables

El Gobierno de Aragón quiere proteger a los colectivos más vulnerables que están en riesgo de perder sus viviendas. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado instar al Central para que prorrogue durante dos años más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias contemplada en la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.   Una medida, adoptada por el Gobierno central de forma excepcional y temporal para un periodo de dos años,  que afecta a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el que se adjudica al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, esta Ley impide, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas. Gracias a esta medida desde la entrada en vigor de esta norma y hasta la fecha actual se ha logrado la suspensión de más de 10.000 desahucios en toda España.   Por ello, el Gobierno de Aragón se va a dirigir a la Administración central para que mantenga esta medida que complementa a las puestas en marcha en la Comunidad Autónoma como son la  red de Bolsas de Alquiler Social,  las Unidades de Gestión Social de la Vivienda que proporcionan mediadores a los afectados de forma gratuita o el convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios y Provincias, además de las ayudas financieras a inquilinos.   Cabe destacar que para acogerse a esta moratoria estos colectivos deben cumplir unos requisitos: