Consumo
La Junta Arbitral de Consumo de Aragón tramita más de 800 solicitudes en seis meses
El sector de las telecomunicaciones acapara el 66% de los casos presentados para arbitraje
El sistema arbitral del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia es una alternativa a la vía judicial en los conflictos relacionados con el consumo
La Junta Arbitral de Consumo de Aragón tramita más de 800 solicitudes en seis meses
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En los seis primeros meses de 2012 se han resuelto 699 Solicitudes de Arbitraje, de las que 233 lo han sido por mediación de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, esto es, logrando un acuerdo entre las partes en conflicto sin necesidad de actuar un colegio arbitral.
El director general de Consumo, Sergio Larraga, hace balance de la actividad de la JAC en el primer semestre de 2012
La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha recibido 826 solicitudes de arbitraje en este primer semestre de año. De ellas, 404 han sido presentadas a través de Oficinas de Información al consumidor comarcales y municipales y los servicios de Consumo; 48 por asociaciones de consumidores y 347 han sido presentadas directamente por los consumidores aragoneses.
Por sectores, la mayoría de las 826 solicitudes presentadas (el 66%), corresponde al sector de las telecomunicaciones (546). Esto es consecuencia del uso generalizado de la telefonía fija, móvil e Internet, y también debido a la adhesión de las empresas más significativas de este sector al Sistema Arbitral de Consumo. Los servicios asociados a la energía eléctrica (54) han sido el segundo sector más demandado. Otros sectores que generan reclamaciones significativas ante la Junta son los automóviles (31) y la enseñanza a distancia (24).
Del total, 28 solicitudes no fueron admitidas a trámite, principalmente porque el reclamante carecía de la condición de consumidor final, requisito imprescindible para acudir al Sistema Arbitral de Consumo.
Para la resolución de cada asunto por laudo se designa un órgano arbitral. Los órganos arbitrales colegiados, o “Colegios Arbitrales”, están compuestos por tres miembros: un representante de la administración, un representante de las asociaciones de consumidores y un representante de las organizaciones empresariales. En este primer semestre de 2012 se han dictado 466 laudos arbitrales, decisiones que ponen fin al proceso con carácter ejecutivo y fuerza de cosa juzgada. El Laudo tiene el mismo valor y carácter que una Sentencia.
Desde el punto de vista de la resolución, 357 laudos han sido estimatorios, total o parcialmente, de las pretensiones del consumidor; 101 desestimatorios y 8 conciliatorios. Asimismo, destacan los 456 laudos dictados por unanimidad del Colegio Arbitral y sólo 2 por mayoría. La práctica totalidad de los Laudos se emitieron en menos de un mes tras la designación del órgano Arbitral.
Un sello de calidad para las empresas
Un total de 3.646 establecimientos, profesionales y empresas están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, cuyo sello está reconocido como un símbolo de calidad en el comercio y los servicios. “Animamos a todos comercios, PYMES y empresas a que se unan a este sistema, porque supone una garantía para el consumidor y un plus de calidad para todos las empresas adheridas, que transmiten un alto compromiso con sus clientes”, ha señalado el director general de Consumo del Gobierno de Aragón, Sergio Larraga. En el primer semestre de este año se han adherido 93 nuevas empresas, gracias en parte a la campaña de promoción realizada en todo el territorio aragonés.
El sistema arbitral de Consumo es una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre los dos protagonistas del consumo: el consumidor o el usuario y el empresario, comerciante o prestador de servicios. Este sistema permite a las dos partes en conflicto, en el menor tiempo posible, resolver sus diferencias sin gastos y sin la necesidad de acudir a los tribunales de Justicia.
La Junta Arbitral es un servicio gratuito adscrito a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, basado en la voluntariedad de las partes, que aceptan someterse a la decisión de un tribunal de arbitraje.