Consumo
Larraga: “En el caso de que se aprecie indicios de inseguridad del juguete, se adoptará la medida que garantice que el producto no se comercialice”
“La seguridad de los juguetes es una de las cuestiones que más preocupan a las autoridades de consumo”. Así lo ha declarado hoy el director de consumo del departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Sergio Larraga, en la presentación de la campaña “Seguridad en los juguetes” que se va a ejecutar por los Servicios Provinciales de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Huesca, Teruel y Zaragoza durante los dos próximos meses, coincidiendo con la temporada previa a las fiestas navideñas. Durante la rueda de prensa Larraga ha indicado que el número de controles mínimos que se van a realizar rondan los 200, de los cuales “100 corresponderán a Zaragoza y 50 a cada una de las provincias restantes”. Además de estas actuaciones, el director ha señalado que “desde la Dirección General se va a efectuar una prospección sobre juguetes que sean vendidos a través de Internet como vía cada vez más usual de venta de productos, para comprobar que no se derivan a canales alternativos los productos que puedan haber tenido problemas de seguridad en los canales de venta tradicional”. Tanto para Sergio Larraga como para la Dirección General de Consumo, se deben ejercer medidas de vigilancia especiales y permanentes a los productos dirigidos a la infancia. Es por ello junto con los nuevos avances técnicos y científicos, la aparición de nuevos productos o la necesidad de regular algunos aspectos relacionados con las obligaciones de los productores que se ha aprobado el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. Así, su aplicación se extiende a los juguetes comercializados actualmente. Asimismo, “si en el transcurso de la campaña se considera oportuna la toma de muestras de un producto sospechoso por incumplir las normas de seguridad, se remitirá al Centro de Investigación de Control de Calidad, que depende del Instituto Nacional de Consumo”, ha advertido el director de consumo. El protocolo de inspección y acciones correctoras Por su parte, la Dirección General de Consumo ha redactado un protocolo de inspección diferenciado en dos apartados, uno de ellos dirigido a la comprobación del etiquetado, y el otro referido a cuestiones relacionadas con la seguridad. Debe remarcarse que este segundo apartado valora posibles riesgos en la seguridad de un juguete que deberá ser corroborado cuando haya sospecha por un dictamen de laboratorio. En cuanto a las acciones correctoras, las irregularidades detectadas deberán ir seguidas de la adopción de una medida ya sea correctora o de seguridad. Como criterio general, salvo que se trate de irregularidades graves o múltiples, se cursará el oportuno apercibimiento, reservando la sanción para casos excepcionales. En el caso de que se aprecie una irregularidad que sea indicio de inseguridad del juguete, se adoptará la medida que garantice que el producto no se comercialice, bien sea mediante su inmovilización o su retirada del mercado. Datos referentes a la seguridad de juguetes Los juguetes suponen el grupo más numeroso en cuanto a productos alertados, pero esto no significa objetivamente que los juguetes sean inseguros, sino que están sometidos a un régimen de control muy estricto, pues gran parte de los defectos son subsanables ya que se trata de carencias en cuanto a las advertencias, el etiquetado en castellano, el marcado, etc. Si se atiende a las estadísticas de los diez primeros meses del presente año, 301 juguetes se han notificado en la red europea. Representan el 21,08 % del total de las 1428 alertas recibidas. De la alertas notificadas por las CC.AA en el mismo periodo (498), el 30,32% corresponde a juguetes. En cuanto a los productos rechazados en frontera, que también se incorporan a la red de alerta, 122 juguetes han sido rechazados de un total de 176 productos, lo que equivale al 69,32 % Si se ponderan estos dos últimos datos, se obtendrían en conjunto un total de 273 juguetes notificados en nuestro país (muchos de ellos ni siquiera entraron) de un total de 674, lo que equivale en conjunto al 40,5 %. En Aragón se han localizado alrededor de la cuarta parte de ellos, lo que ha supuesto la retirada de 15.838 unidades por falta de seguridad.