María Victoria Broto lamenta la ausencia de avances en la financiación del sistema de dependencia por la “falta de voluntad” del Gobierno central

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha lamentado hoy la ausencia de avances en materia de financiación tras la reunión de la Comisión para el Análisis de la situación del sistema de la dependencia celebrada hoy en Madrid y ha añadido que esta situación se debe a la “falta de voluntad” del Gobierno central.

La reunión de hoy ha estado presidida por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y en la misma han participado representantes de siete Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Cataluña. Todos ellos han analizado el informe resultante del trabajo que ha llegado a cabo durante los últimos meses un equipo de técnicos de estas Comunidades. Esta comisión se creó por acuerdo de la Conferencia de Presidentes.

Ante la ausencia en el informe de mejoras en el sistema de financiación, han sido cuatro las comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias y Cataluña) que han presentado un voto particular para que se añada al documento el compromiso de una financiación finalista y que se reconozca la deuda que el Estado tiene con las Comunidades en esta materia.

Broto ha recordado que ya son más de 23.000 las personas que en Aragón reciben algún tipo de prestación o servicio y que en estos dos años de legislatura se han incorporado 7.500 “gracias al esfuerzo del Gobierno de Aragón”, porque, ha dicho, desde hace años Aragón recibe la misma cantidad de dinero (31 millones de euros) del Estado.

“Queremos un compromiso en materia de financiación”, ha insistido la consejera quien ha apuntado que si el Estado aportara el 50% de la financiación, como marca la ley, y no el 18% “ya no habría lista de espera en Aragón”.

Broto ha explicado que “se ha mejorado mucho tanto en la calidad de la gestión como en la atención, lo único que nos falta es financiación”.

El informe de esta comisión debe ser ahora debatido por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en el que sí están representadas todas las Comunidades y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.