El Presidente de Aragón asegura que corregir las desigualdades será capítulo prioritario en los presupuestos de 2016

El Gobierno de Aragón ha presentado a los trabajadores, asociaciones y colectivos vinculados a los servicios sociales el documento base para la elaboración del anteproyecto de Ley de Renta Básica, que sigue las directrices que se marcan en el artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía aragonés y en la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2009. Representantes de más de cuarenta entidades e instituciones (incluida la Universidad de Zaragoza, colegios profesionales y empresarios) han asistido a esta reunión.  El propio Presidente de Aragón, Javier Lambán y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, han sido los encargados de presentar a los colectivos y profesionales el embrión de lo que será el Proyecto de Ley de Renta Básica.

Lambán ha asegurado que aunque no está cuantificado el número de posibles beneficiarios, y a pesar de los desajustes económicos que padece la Comunidad Autónoma, “hay prioridades que deben ser consideradas desde el punto de vista moral y no económico y este tipo de atenciones serán prioritarias en los presupuestos que se están elaborando para 2016 aunque tengan que retrasarse otros proyectos”.

Las desigualdades “incrementadas por el PP” –según Lambán- “son  algo inaceptable desde el punto de vista moral e ineficiente desde el punto de vista económico, además de ser el disolvente más peligroso para la salud de la propia democracia”.

A partir de este momento, los colectivos implicados participarán en grupos de trabajo o talleres donde presentarán sus aportaciones, que serán debatidas y podrán ser incluidas en el documento final. La intención es que el proyecto de ley pueda ser llevado a las Cortes para finales de año y que este pueda ser aprobado de forma urgente.

El objetivo final es concretar el acceso a un nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que garantice, por un lado, una cuantía mínima con la que las familias puedan cubrir sus necesidades, y, por otro, la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que apoyen la integración social de las personas que así lo precisen.

La propuesta del Departamento de Ciudadanía y Derechos sociales se adapta a la nueva coyuntura económica y social propiciada por la prolongada crisis. Por ello, esta Renta Básica, sustituiría al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y a la Ayuda de Integración Familiar (IAF), unos modelos que han quedado obsoletos, dada la situación económica actual.

Según la propuesta del Gobierno de Aragón la Renta Básica tendría dos modelos: complemento económico o ingreso mínimo. El primero sería para aquellas unidades de  vivencia que tengan algún tipo de ingresos pero que estos sean inferiores al importe de la renta básica.

El ingreso mínimo sería para las unidades de convivencia en situación de riesgo y/o exclusión social que no dispongan de recursos suficientes para atender sus necesidades básicas. Este ingreso mínimo tendría dos fórmulas de las que se derivarían cuantías diferentes: una renta vital (para aquellos que decidan no participar en un proceso de inclusión) y una renta de inclusión (para los que sí decidan participar).

También cambian los requisitos que serían necesarios para poder solicitar estas ayudas. Por ejemplo, se tendrá una consideración especial a las mujeres víctimas de violencia de género y se considerará la existencia de dos o más unidades de convivencia dentro de un mismo domicilio.

Los solicitantes deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en Aragón con un año de antelación o cinco años continuados durante los diez anteriores. Asimismo, deberían ser mayores de 18 años y menores de 65. También podrían pedir esta ayuda aquellos menores de 18 años emancipados o que tengan menores a su cargo.

La prestación se limitará a dos años en cualquiera de sus modalidades, con la posibilidad de sucesivas prórrogas bienales si se mantienen las causas que motivaron la concesión.

(Se adjunta el documento entregado a entidades e instituciones).