Aragón pide al Estado la declaración de zona afectada para activar las ayudas tras el incendio de Tamarite

El Gobierno de Aragón ha acordado solicitar a la Administración General del Estado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios afectados por el incendio de Tamarite, registrado el pasado 25 de junio en la provincia de Huesca. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes, según ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

La decisión responde a los importantes daños provocados por el fuego, que arrasó más de 4.000 hectáreas y obligó a activar la Situación Operativa 2–Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO), con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y el apoyo de comunidades autónomas limítrofes.

"Las ayudas se tendrán que dar al 50 % con el Estado. El Gobierno de España suele responder, pero el año pasado, en las últimas riadas, no lo hizo así y tuvimos que asumir nosotros la totalidad", ha explicado el consejero.

Bermúdez de Castro ha recordado además que no será necesario aprobar un nuevo decreto específico, ya que Aragón dispone de un marco estable para este tipo de situaciones. "Es un decreto paraguas a partir del cual cada departamento puede activar las ayudas en función de las necesidades; lo primero es conocer el alcance de los daños", ha señalado.

Ese decreto, convalidado por unanimidad por las Cortes de Aragón el pasado 16 de octubre, permite activar ayudas directas para particulares, empresas y explotaciones agrarias, así como para la reparación de infraestructuras, mediante procedimientos más ágiles.

La declaración solicitada permitirá activar ayudas extraordinarias por parte del Estado para atender las consecuencias del incendio y reforzar las medidas ya adoptadas por la Comunidad Autónoma.

Nuevo modelo de asietencia tributaria

En otro de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria, el Gobierno de Aragón ha aprobado un nuevo convenio que redefine el modelo de asistencia tributaria en el territorio, adaptándolo a una Administración más digital y a una gestión más homogénea.

El nuevo convenio redefine el papel de los registradores. Dejan de actuar como oficinas liquidadoras en el sentido tradicional y pasan a denominarse oficinas registrales de asistencia e información al contribuyente. "Supone un gasto de 1,3 millones de euros, frente a los 4,5 millones del modelo anterior, con un ahorro relevante sin perder presencia en el territorio", ha explicado el consejero.

El nuevo convenio no solo mantiene la atención presencial en el territorio, sino que la refuerza dentro de un modelo más ordenado. Aragón contará con sus oficinas tributarias, las oficinas delegadas ya implantadas, la futura expansión a través de las Oficinas Comarcales Agrarias y Alimentarias y una red registral complementaria.

De este modo, no se reduce la presencia en el territorio, sino que se reorganiza para hacerla más racional, eficiente y mejor integrada en el modelo tributario autonómico.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2025, formulada por la Intervención General, y ha autorizado su remisión a la Cámara de Cuentas de Aragón y a las Cortes de Aragón para su examen y aprobación definitiva.

El documento recoge el conjunto de la actividad económico-financiera de la Administración autonómica, sus organismos públicos y empresas durante el ejercicio e incluye todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería, en cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas ante los órganos de control.