El Consejo de Gobierno aprueba el decreto ley que permitirá abaratar la energía para los aragoneses y ser palanca de competitividad para las empresas

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley cuyo objetivo es promover el consumo eléctrico de cercanía, detectando y eliminando barreras, incertidumbres y obstáculos regulatorios. El fin de esta medida es que Aragón pueda poner en valor su enorme capacidad de generación de energía eléctrica, al tiempo que provee las redes que la transportan y distribuyen a toda España, incluyendo, además, la utilización de una parte significativa de la energía, también aquella que las redes no pueden evacuar, para abaratar el coste de la energía para los aragoneses y que sirva como palanca de competitividad para las empresas ya implantadas y las que deseen implantarse en Aragón.

El Gobierno de Aragón respeta estrictamente los objetivos y normas impuestos por la Unión Europea, así como la normativa básica y la configuración nacional del sistema eléctrico, pero, con este decreto, hace uso de sus competencias y pone de manifiesto las fortalezas y peculiaridades de su territorio. Aragón revaloriza así su energía, incorporando el derecho europeo en lo que tiene competencias y desarrollando la normativa básica estatal.

El decreto ley regula el consumo eléctrico de cercanía, entendido como aquel que, mediante diversos instrumentos, permite articular el suministro de electricidad vinculando plantas de producción de energía a partir de fuentes renovables, reduciendo sus costes energéticos dentro del territorio de Aragón. Regula también la figura de los proyectos e inversiones con generación renovable asociada para acelerar y fomentar su implantación, vinculada a mejorar la competitividad industrial y atraer inversiones. Incluye con este fin disposiciones técnicas de desarrollo en materia de autoconsumo en sus diferentes modalidades y también los regímenes general y especial para el autoconsumo de las líneas eléctricas directas; el de las comunidades y mancomunidades de energía; las redes aragonesas de distribución cerradas; la optimización del uso de las plantas de producción de electricidad, para que no se pierda ni uno solo de los watios generables aunque no quepan en las redes destinándolos a consumo de cercanía; el informe autonómico en los concursos estatales de asignación de capacidad antes de que resuelvan y un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

El Gobierno de Aragón impulsa este decreto ley con un doble objetivo: favorecer formas de consumo y autoconsumo de cercanía que permitan abaratar la factura eléctrica a ciudadanos y empresas y asegurar la sostenibilidad.

Esta política propia tendría a su vez dos elementos destacados: la participación activa en la planificación de las redes y potenciar el consumo de cercanía y, especialmente, del autoconsumo, alineados con lo establecido en el Derecho de la Unión Europea,

Para este proyecto, Aragón cuenta con competencias de desarrollo legislativo en el ámbito energético y de planificación y promoción de la actividad económica en la Comunidad que otorgan a la Comunidad un margen para diseñar, en el marco del derecho de la Unión Europea y la normativa básica estatal, una política energética propia.

Se trata de una iniciativa pionera en el marco autonómico español cuyo contenido combina la prudencia competencial con unos objetivos ambiciosos:

- Regulación del consumo eléctrico de cercanía o proximidad, distinguiéndolo del autoconsumo. Y así es amparado en la normativa europea que prevalece sobre la estatal.

- Revisión de la normativa territorial, urbanística y de inversiones de interés autonómico para fomentar y priorizar proyectos o actuaciones que incorporen, como un elemento más de servicio, instalaciones de producción distribuida asociadas a estas actuaciones.

- Regulación de las líneas directas íntegramente ubicadas en Aragón y sujetas a competencia autonómica como instrumento fundamental para canalizar el consumo de cercanía y el autoconsumo.

- Desarrollo del régimen de autoconsumo sin excedentes, individual o colectivo, para aprovechar plantas de generación concebidas como instalaciones próximas de red interior, que no precisan permisos de acceso y conexión y que, conectadas a un consumidor o consumidores, carecerían de capacidad alguna de vertido.

- Desarrollo del régimen del autoconsumo colectivo desde instalaciones próximas a través de red, de forma que se propicie una generación suficiente y apta para grandes autoconsumidores

- Desarrollo del régimen de las comunidades energéticas en Aragón, como ya ha hecho, por ejemplo, Navarra, y agilizar los procedimientos administrativos y de los gestores de redes para fomentar su creación y desarrollo en Aragón.

- Regulación de las redes cerradas de distribución íntegramente ubicadas en Aragón. Ante la ausencia de norma básica estatal, es posible regular desde la Comunidad Autónoma las redes cerradas en Aragón a partir del criterio de territorialidad

- Regulación del régimen de autoconsumo de la energía excedentaria de las plantas de producción con potencia superior a la evacuable autorizadas por la administración autonómica de Aragón y, en su caso, de otras íntegramente ubicadas en Aragón. Así se busca optimizar la explotación de toda la capacidad instalada en Aragón para compensar plenamente los impactos de índole económica, técnica y ambiental asumidos y tolerados para construirla. Para ello se desarrollará la previsión de la normativa estatal que prevé la posibilidad de doble conexión a redes, lógicamente sin afectar a los permisos de acceso y conexión otorgados.

- Informe autonómico preceptivo y no vinculante previo a la resolución de los concursos generales de acceso y de los concursos de transición justa, en atención al menos a los criterios socioeconómicos y medioambientales, y muy especialmente de lucha contra la despoblación.

- Fondo aragonés de solidaridad energética. Incorporaría medidas de inversión compensatorias a los territorios que soportan las cargas territoriales, paisajísticas y ambientales que estas generan.

Así mismo, se dictan medidas referentes a la planificación y zonificación. Los departamentos competentes en materia de energía, lucha contra la despoblación, ordenación del territorio y medio ambiente, con la asistencia del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, evaluarán el documento de zonificación ambiental para la implantación de energía renovables, eólica y fotovoltaica, para acordar los criterios aplicables a los instrumentos de planificación. Además, se constituirá un grupo de trabajo para realizar la evaluación, a iniciativa del competente en materia de energía, que lo presidirá, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este decreto ley. En seis meses, este grupo aprobará sus conclusiones y las elevará al Gobierno de Aragón.

En un año se redactará el Plan Energético de Aragón 2024-2030, que, en lo que respecta a las energías renovables, tendrá rango de directriz especial de ordenación del territorio y el departamento competente en materia de paisaje impulsará el procedimiento de aprobación de la directriz sectorial del paisaje de Aragón. Y, en este mismo plazo, el departamento competente presentará una propuesta de reorganización del área de energía y de la actividad de fomento en el ámbito de la energía. Esta última podrá atribuirse a una agencia de energía que adoptaría la forma de entidad de derecho público.

Se creará un registro en el Departamento de Industria para las comunidades energéticas y se establecerá una modalidad concreta para los proyectos de interés prioritario. La declaración del carácter prioritario se extiende al conjunto del proyecto, comprendiendo tanto la actuación o proyecto de inversión como las instalaciones de producción de energía renovable asociadas.

Se justificará que la instalación de energía renovable proyectada o existente estará vinculada contractualmente al proyecto de inversión o a su grupo empresarial por un periodo no inferior a cinco años desde su puesta en funcionamiento. La declaración como prioritarios de proyectos con generación renovable asociada se acordará por el Gobierno de Aragón a propuesta conjunta de los departamentos competentes en materia de Economía y en materia de Energía y se creará también un registro de entidades productoras de energía renovable para proyectos prioritarios.