El Gobierno de Aragón crea la Secretaría de Organización del Proceso Electoral

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, con el objeto de garantizar el proceso de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y hasta la conclusión de los comicios, la creación de una unidad de gestión bajo la denominación de Secretaría de Organización del Proceso Electoral.

El decreto establece que el puesto de secretario de organización del Proceso Electoral corresponde al responsable de la Dirección General de Relaciones Institucionales a la que estará adscrita esta unidad, Ricardo Almalé.

Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, adscribirá temporalmente a la Secretaría de Organización del Proceso Electoral a los funcionarios o personal laboral del Gobierno de Aragón que resulte necesario, ya sea a tiempo parcial o con plena dedicación.

Dicho personal mantendrá la reserva y plenos derechos sobre los puestos de trabajo que habitualmente viniera desempeñando en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Concluido el proceso electoral, el personal funcionario o laboral adscrito con carácter temporal a esta Secretaría en régimen de plena dedicación se reincorporará automáticamente a su respectivo puesto de trabajo sin solución de continuidad.

El Consejo de Gobierno faculta finalmente a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales para adoptar cuantas medidas resulten necesarias para el correcto desarrollo del proceso electoral, así como para dictar cuantas disposiciones resulten precisas para dar efectividad a lo dispuesto en el decreto aprobado.

El domingo 28 de mayo de 2023 se celebran los comicios autonómicos, que dependen de la Comunidad Autónoma, y los municipales, que son competencia de la Administración del Estado.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un convenio entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio del Interior para, de cara a los próximos comicios del mes de mayo, compartir gastos e incidir así en una gestión eficiente de los recursos.

Ambas partes se comprometen a colaborar con el objetivo de utilizar los recursos necesarios de una manera eficiente, previendo el préstamo de recursos cuando fuera necesario y facilitando una gestión electoral coordinada en aquellos elementos que resulten comunes a los procesos electorales que se celebren de manera concurrente.

El acuerdo va en línea de lo reclamado por el Tribunal de Cuentas para “aplicar unos criterios homogéneos en el reparto de gastos a realizar entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en los casos de concurrencia de procesos electorales”.

Las dos Administraciones admiten la conveniencia y ventajas del uso compartido de tecnologías en la gestión electoral, así como la utilización conjunta de sistemas de recogida, transmisión y tratamiento de datos electorales.