El Gobierno de Aragón garantizará por ley la estabilidad del Diálogo Social

La recuperación del diálogo social fue una de las prioridades y de las primeras medidas puestas en marcha por el Gobierno de Javier Lambán. Tras el arranque oficial de este proceso el 28 de septiembre de 2015 con la presentación de la declaración institucional suscrita junto a los agentes sociales se han producido numerosos avances. Pero hoy se ha dado un paso más con la presentación de una futura ley consensuada con los agentes sociales para asegurar su estabilidad y su continuidad en el tiempo.

El acto ha estado presidido por el presidente aragonés, Javier Lambán, acompañado por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y ha contado con la participación de los máximos responsables en Aragón de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y Fernando Callizo y Aurelio López de Hita y de los sindicatos CC.OO. y UGT, Manuel Pina y Daniel Alastuey.

Todos ellos han manifestado la importancia de dar rango de ley a esta ley, todavía en fase de borrador y no supeditar el diálogo social a las voluntades de cada gobierno, tal como ha resumido el Presidente de Aragón, Javier Lambán, quien también ha avanzado el Consejo de Gobierno del próximo 19 de septiembre aprobará el texto para que este comience la tramitación parlamentaria correspondiente, emplazando a la agilidad de los grupos parlamentarios para que pueda ser incorporado presupuestariamente en el presupuesto de 2018.

Tanto sindicatos como organizaciones empresariales han destacado el cumplimiento del actual Gobierno de Aragón, que el pasado 28 de septiembre de 2015 anunció este compromiso en uno de sus primeros actos públicos. Unánimemente han agradecido esta labor continuada hasta llegar a este proyecto de ley, fundamental para garantizar la paz social en la Comunidad autónoma y fomentar el reparto equitativo de la riqueza, además de situarse a la cabeza del Diálogo Social en el conjunto de las Comunidades Autónomas que ya cuenta con una ley similar. Por todo ello, han coincidido en exigir a las Cortes de Aragón una tramitación rápida y lo más fiel al texto elaborado por los agentes sociales con el alto grado de consenso logrado.

La participación institucional en los asuntos públicos a través de los sindicatos y las organizaciones empresariales -avalada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón-, resulta especialmente útil para promover medidas dirigidas a la reactivación económica, la mejora de la competitividad y la mejora del empleo y la cualificación profesional en la Comunidad.

De ahí que se reforzara la participación de los agentes sociales en diversos órganos administrativos y se pusiera en marcha este proceso que pretende servir a la ciudadanía, contribuyendo a la preservación del bienestar, a la mejora de las relaciones laborales, a la defensa del empleo de calidad y a la dinamización empresarial. En definitiva, promoviendo el progreso socioeconómico de la Comunidad, como apuntaba la declaración institucional de septiembre de 2015.

Ahora, con la nueva normativa se pretende  dar certeza y garantizar la estabilidad de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Aragón, con vocación de perdurabilidad, mediante la creación de un órgano de encuentro, negociación y participación institucional permanente, y el establecimiento de su financiación, mediante una consignación anual en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de cada ejercicio.

Novedades

La principal novedad que introduce la Ley es la creación de la Mesa del Diálogo Social de Aragón, como máximo órgano de negociación y participación institucional permanente y de composición tripartita. Su cometido fundamental será precisamente impulsar la concertación socioeconómica y la participación institucional en la Comunidad Autónoma.

La nueva Mesa del Diálogo Social, de carácter general, se sumará a las cinco mesas sectoriales que se pusieron en marcha desde el Departamento de Economía tras la apertura de este proceso abierto al inicio de esta legislatura: Economía e Industria, Empleo, Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral, y Responsabilidad Social de Aragón, más una sexta  de Políticas Sociales, dependiente del Departamento de Ciudadanía.