Economía
El Gobierno de Aragón insta al Central a firmar el Fondo de Inversiones de Teruel
El Departamento de Economía, Industria y Empleo ha llevado a Consejo de Gobierno el acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel
El Gobierno de Aragón, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre la fecha en la que podría firmarse el convenio que regula el Fondo de Inversiones de Teruel para 2016, ha decidido aprobar en Consejo de Gobierno el texto del acuerdo.
Se trata de un documento sobre cuyo contenido el Ministerio ha rechazado la práctica totalidad de las nuevas propuestas planteadas desde la Comunidad Autónoma. Sin embargo, consciente de la necesidad de firmar el convenio cuanto antes para no dilatar en exceso los periodos de ejecución, el Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al convenio de colaboración entre el Departamento de Economía, Industria y Empleo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para articular el Fondo de Inversiones de Teruel del ejercicio 2016. De esta forma, la Comunidad Autónoma ha dado por finalizados todos los pasos de carácter administrativo que debe ejecutar a fin de poder llevar adelante dicho convenio y queda a la espera de que el Ministerio de Hacienda, a quien todavía le queda por realizar toda la tramitación de carácter administrativo, previa a la firma.
El convenio está dotado con un presupuesto de 60 millones de euros, financiado al 50% por ambas administraciones, y contempla la financiación, de manera preferente, de las siguientes líneas de inversión:
El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros y deberán estar ejecutados en el plazo de vigencia del convenio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017.
El convenio de este año, a propuesta del Departamento de Economía, ha permitido dotar de mayores competencias a la subcomisión de seguimiento, con el objetivo final de dar mayor agilidad a la tramitación y ejecución de los proyectos. Así, este órgano –integrado por dos representantes de ambas administraciones– tendrá capacidad para entender y resolver cuestiones relacionadas con los cambios de finalidad y beneficiario, relativos a los proyectos aprobados por la Comisión.