El Gobierno del Aragón defenderá ante la Presidencia Polaca de la Unión Europea la reapertura del debate sobre el futuro del carbón

El Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, se reunirá el lunes en Bruselas, junto con los consejeros de Castilla-León y Asturias, con la Ministra polaca Mika-Bryska para plantear la reapertura del debate sobre el futuro del carbón y permitir la supervivencia de las minas más allá de 2018.   El Gobierno de Aragón quiere aprovechar que Polonia ostenta la Presidencia Europea para poner sobre la mesa el futuro de la fuente energética, dado que este país se ha manifestado abiertamente a favor de revisar la Decisión 787/2010/UE que pone fin a las ayudas a la minería más allá de 2018, en clara sintonía con las pretensiones de los territorios mineros de España.   La postura común que defienden Aragón, Asturias y Castilla-León coincide con la que fijó el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2010, pero no ha sido apoyada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en consonancia con la posición contraria al carbón avalada por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y del Consejo de Europa. Ha sido esta postura, sobre el sector, la que ha llevado a las tres comunidades autónomas productoras de carbón a trabajar coordinadamente y diseñar su propio plan de actuación, para luchar por la supervivencia de un sector minero que debe tener garantías de futuro.   El Gobierno aragonés propondrá a la representante polaca la recuperación del carbón bajo el concepto de reserva estratégica. El mineral permite garantizar la seguridad de suministro ante situaciones de crisis. Al fijar el cierre de las minas en 2018, por la Decisión 787/2010/UE de octubre de 2010, agudiza, sin embargo, la dependencia energética de España, al renunciar a la única fuente autóctona de energía. Con ello, contraviene el Artículo 15.4 la Directiva 2009/72/CE, que sostiene que “Por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15 % de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se trate”.   El cierre de las minas antes de final de 2018 conllevaría, además, drásticos efectos socioeconómicos y varios países europeos se han posicionado en contra de la citada decisión.   El Gobierno de Aragón entiende que las minas que hayan llegado a ser competitivas más allá de 2018 no deberían estar obligadas a devolver las ayudas recibidas, sin perjuicio de que se articulen otro tipo de medidas como la obligación de acometer una mayor inversión en I+D+i o en captura y almacenamiento de CO2, entre otras posibles opciones.   Al regreso, el consejero informará a los agentes sociales de las gestiones realizadas en Bruselas