El INAEM subvencionará nuevos programas de formación para ocupados en digitalización y economía circular

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) convocará subvenciones para desarrollar nuevos programas de formación transversal en materia de digitalización y de economía verde y circular dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la publicación de esta convocatoria, que contará con un presupuesto de más de 6,6 millones de euros, financiado con fondos propios.

Este tipo de programas formativos impulsados desde el INAEM tienen como objetivo proporcionar competencias transversales a varios sectores de la actividad económica para dar respuesta a las tendencias identificadas y favorecer la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores aragoneses.

La Ley de Subvenciones de Aragón establece que corresponde al Gobierno de Aragón la autorización previa de las convocatorias de subvenciones cuyo importe supere los cinco millones de euros. Es por ello que esta nueva convocatoria de programas de formación en materia de digitalización y de economía verde y circular, incluido en el Plan de Formación para el Empleo de Aragón, ha de someterse a autorización previa del Consejo de Gobierno.

Formación transversal

Una vez publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) esta nueva convocatoria, los centros colaboradores del INAEM podrán solicitar estas subvenciones para organizar acciones formativas dirigidas a trabajadores prioritariamente ocupados. Las personas que quieran participar en estas acciones formativas deberán realizar su solicitud cumplimentando la preinscripción a través de la web del Instituto Aragonés de Empleo, en las entidades que desarrollen la actividad formativa o en las Oficinas de Empleo.

Para garantizar el acceso a la formación de las personas trabajadoras con mayor dificultad de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, tendrán prioridad en el acceso a estas acciones, entre otros colectivos, los jóvenes hasta 35 años, mujeres, personas con baja cualificación, los trabajadores de pymes y los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la pandemia, además de quienes tengan unidades de competencia pendientes de acreditar en procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales.