Aragón insiste en la necesidad de una mayor financiación para la correcta aplicación de la LOSU

Este lunes 4 de marzo ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión de Trabajo para el desarrollo y la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), celebrada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Una reunión que ha estado presidida por el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, y en la que ha participado la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, María Luisa Feijóo.

El primer punto del orden del día ha versado sobre los criterios y el reparto de las plazas de Profesor Ayudante Doctor del Programa INTEGRA. Este plan, cuyo objetivo fundamental es la incorporación de 4.200 nuevos docentes necesarios para cumplir con las condiciones que fija la nueva ley universitaria durante los próximos años, plantea la financiación de un tercio de los nuevos contratos, en concreto 1.362 por parte del Ministerio. Las comunidades tendrían que asumir el resto, 2.836 profesores para los cuatro próximos años.

Desde el departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se ha transmitido al Ministerio que “se asuma una posición más responsable de negociación para solucionar los problemas derivados de la implantación de una ley universitarias que se aprobó sin consenso y sin una memoria económica completa que asegurara la financiación de las medidas que se quieren implantar”.

El siguiente punto tratado en el grupo de trabajo ha sido la valoración por parte de las comunidades autónomas de aquellas propuestas por parte del Ministerio para la financiación del programa INTEGRA y, en su caso, el planteamiento de propuestas alternativas por parte de cada CCAA.

“No ha habido ningún acuerdo por parte de las comunidades autónomas a la propuesta realizada por el Ministerio en relación a la financiación de tan solo un tercio de los nuevos contratos. En este sentido se han realizado distintas proposiciones que el propio ministerio se ha comprometido a estudiar y a dar respuesta en la próxima Comisión de Trabajo, aún sin fecha concreta”, ha explicado María Luisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón.

En esta tercera Comisión de Trabajo han participado, además de los directores generales de Universidades de las comunidades autónomas, los rectores de las Universidades de Castilla La Mancha y Cantabria, en representación de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

El Ejecutivo aragonés continúa insistiendo en las “muchas incertidumbres” que rodean todavía a la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) y sigue exigiendo al Gobierno que se haga cargo del coste que supone su puesta en marcha, 4,7 millones anuales para el caso de la Universidad de Zaragoza y más de 840 anuales en el conjunto de los campus públicos españoles.