Educación inicia una nueva licitación urgente para el aulario de primaria del CPI Ana María Navales

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha iniciado el procedimiento para resolver el contrato de obras con la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), contratista de las obras de infantil y primaria del Centro Público Integrado Ana María Navales e iniciar una nueva licitación urgente que asegure la correcta finalización de los trabajos en este centro educativo de la capital aragonesa.

La administración se ha visto forzada a adoptar la decisión ante el retraso de más de tres meses acumulado en los trabajos del aulario de primaria, la falta de solución parte de la empresa a las deficiencias y remates pendientes en la zona de infantil, y la difícil situación económica que atraviesa la constructora y que ha llevado a impagos con proveedores y subcontratistas.

“Continuar con el contrato afectaría al interés público, por cuanto la obra –parada desde hace unos días- continuaría así por mucho que la Administración le impusiera penalidades económicas, dado que la manifiesta situación de insolvencia sobrevenida de LIC le impediría continuar con la misma”, reza el expediente.

La empresa LIC se hizo con el contrato en agosto de 2022 por un importe de 9.099.608,40 euros, lo que suponía una baja del 5%. Además, ofertó una reducción en los plazos, pasando de 12 a 11,5 meses para la ocupación inicial (aulario de infantil) y de 18 a 17,5 meses (aulario de primaria) para la finalización total.

Ya desde el inicio la empresa acumuló retrasos, lo que obligó al Departamento a emitir varios requerimientos, incluso para la presentación del propio programa de trabajo, y se advirtió sobre la imposición de penalidades de no cumplirse los plazos.

Pese a todo, los trabajos se pararon por completo en mayo en la fase de primaria y la zona de infantil –aulario, patio y planta baja del comedor- se ocupó parcialmente in extremis para el inicio del curso escolar 2023/2024, con el compromiso de acometer repasos y resolver deficiencias en el plazo máximo de un mes.

Desde entonces, el seguimiento por parte de la administración ha sido constante, con requerimientos semanales a la constructora para que finalizara la ejecución y la legalización de las instalaciones, corrigiera las deficiencias indicadas en el acta de ocupación y para que reanudara, primero, y recuperara después el ritmo de los trabajos en la fase de primaria.

A pesar de ello, en la actualidad siguen sin completarse remates en infantil y la estructura de primaria acumula 90 días de retraso, lo que hace presumir la imposibilidad de cumplir el plazo total. Además, a ello se suma ahora la situación de insolvencia sobrevenida de la constructora, que no está pudiendo hacer frente a los pagos de proveedores y subcontratistas de la obra, pese a haber cobrado puntualmente de la administración.

De hecho, el Ejecutivo ha abonado mensualmente todas las certificaciones por la obra ejecutada, hasta un total de 4,9 millones, y hasta el pasado mes de octubre, cuando ya no se pudo comprobar el pago a los proveedores y se planteó el endoso de las certificaciones pendientes de pago. 

“Se trata, por tanto, de retrasos imputables única y exclusivamente a la contratista, que no ha actuado con la debida diligencia para poder afrontar el pago de los suministros necesarios a tiempo para que la obra se ejecutase conforme al programa de trabajo aprobado”, según consta en la orden por la que se da inicio al procedimiento de resolución el contrato.

Al tratarse de una resolución por incumplimiento culpable del contratista, se le incautará la garantía y se exigirán indemnizaciones por daños y perjuicios, en el caso de que una vez cuantificadas superen el importe del aval. En concreto, por los defectos existentes en la fase de infantil que no han sido corregidos todavía, y de cuya reparación se va a encargar directamente la Administración, y por los derivados del incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato, que obligarán a buscar espacios alternativos para el inicio del curso escolar 2024/2025.

Desde el Departamento se trabaja ya con la dirección del centro y las familias en buscar la mejor solución para el próximo septiembre. De hecho, hoy ha tenido lugar una reunión en la Consejería en la que se ha abordado con total transparencia la situación de la obra y se han valorado las opciones posibles. 

La constructora ya ha sido notificada y dispone ahora de posibilidad de audiencia por un plazo de diez días, al igual que el avalista o asegurador. A la vista de las mismas, será necesario informe del servicio jurídico y posterior dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, tal y como prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Todos los trámites e informes se considerarán de urgencia.