Aragón estudia sumarse al programa Ius-Red para el desarrollo de servicios públicos digitales en la administración de Justicia

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior ha mostrado hoy su disponibilidad a sumarse al programa Ius-Red que impulsan los ministerios de Justicia e Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de servicios públicos digitales en la administración de Justicia. Sumarse a este convenio permitiría a Aragón recibir inicialmente un millón de euros que se destinaría, principalmente, a la digitalización y modernización de las salas de vista, la implantación de tecnologías de la información y la comunicación en la administración de Justicia o la modernización del registro civil.

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior ha mostrado el interés de Aragón en este programa durante la firma del convenio entre los ministros de Justicia, Francisco Caamaño y de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián,  que se ha llevado a cabo en Madrid.

Silva ha comentado que a Aragón le interesa ¿conseguir los máximo recursos posibles para continuar en la línea de trabajar en la administración electrónica, un trabajo en el que tenemos experiencia desde la administración local¿.

Reunión con el ministro de Justicia

Por otro lado, Aragón ha asistido, junto con el resto de las diez comunidades con las competencias en Administración de Justicia transferidas, a una reunión con el ministro de Justicia. Durante el encuentro, las comunidades le han trasladado a Caamaño la necesidad de ser escuchadas y de contar con ellas en todos los cambios y proyectos  que se están llevando a cabo para modernizar la Administración de Justicia.

El encuentro ha permitido trasladar al ministro las conclusiones adoptadas en el encuentro de la Comisión de Coordinación que se celebró el pasado mes de enero en Pamplona. En dicho foro las comunidades manifestaron su deseo de avanzar profundamente en la reforma de la Administración de Justicia  desde la coordinación y la colaboración con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Junto a Aragón han asistido a esta reunión  Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Navarra y Valencia.

Silva ha explicado antes de la reunión que las comunidades apuestan claramente por la ¿modernización de la Justicia¿ y así se lo han trasladado al Ministerio. Caamaño, según ha desvelado el consejero, ha reconocido que existe falta de consenso político en algunos proyectos, lo que está retrasando su puesta en marcha.

Entre las cuestiones que le han trasladado al Ministro destaca la petición de un traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia respetando el carácter nacional de estos funcionarios. También han demandado unificar criterios a la hora de elaborar la relación de puestos de trabajo de la Nueva Oficina Judicial cuya reforma procesal entrará en vigor el próximo mes de mayo.

Precisamente, con respecto a la NOJ solicitan un adecuado despliegue de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo para que estén correctamente diseñadas.

Asimismo, como participantes en la Administración de Justicia piden que se les informe y participar en todo aquello que incida en la modernización de este servicio público con el objetivo de beneficiar al destintario final, el ciudadano. de la Justicia. Por ello insisten en la necesidad de que el Ministerio haga partícipes a las comunidades autónomas  en la elaboración de futuras leyes que les afecten como las de Registro Civil y Demarcación y Planta Judicial.

Con respecto a esto último el consejero Rogelio Silva, ha vuelto a trasladar al Ministerio de Justicia su petición de  que se  tenga en cuenta la organización territorial de Aragón en comarcas a la hora de reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial,  puesto que ha señalado que  la Comunidad autónoma tiene la obligación, recogida en la Ley de Demarcación Comarcal de adaptar todos los servicios públicos al mapa comarcal y por lo tanto la Administración de Justicia es uno de ellos y se debe hacer.

Las comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas manifiestan su firme compromiso con el derecho de la asistencia jurídica gratuita y evidencian el esfuerzo presupuestario que se hace en este sentido.

También en este encuentro las once comunidades autónomas han solicitado  al Ministerio que impulse la reforma de la Ley 1/1996 de la asistencia jurídica gratuita, una prestación con la que se garantiza la igualdad de los más desfavorecidos en el acceso a la tutela judicial efectiva.

NOTA: Adjuntamos audios y fotografías del encuentro del ministro con las comunidades que tienen transferida la administración de Justicia.