El Consejo de Gobierno aprueba el documento de alegaciones al trasvase del Ebro
También ha formulado un requerimiento al ministerio y presentará una denuncia ante la UE
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy varias iniciativas contra el trasvase del Ebro.
DOCUMENTO DE ALEGACIONES AL PROYECTO
Por un lado, ha aprobado el documento de alegaciones al proyecto de transferencia y su estudio de impacto ambiental, que salieron a información pública el pasado 2 de junio. El documento recoge un total de 36 puntos que abordan las alegaciones desde los ámbitos administrativo, de desarrollo técnico, ambiental y social.
REQUERIMIENTO CONTRA EL MINISTERIO
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno para interponer un requerimiento contra el Ministerio de Medio Ambiente para que anule el trámite de información pública del proyecto.
El Gobierno de Aragón se basa en que el actual trámite representa dos violaciones del ordenamiento jurídico aplicable. Por un lado, se olvida lo reflejado en la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que ordena la elaboración y aprobación del Plan Integral del Delta del Ebro que fije el caudal ambiental en el Delta. Sin la fijación de ese caudal ambiental no es posible saber cuál es la disponibilidad de agua para el trasvase y, además, ese Plan Integral del Delta del Ebro puede atentar contra los intereses de Aragón. Por ello, el actual trámite constituye un sin sentido y ello crea indefensión a Aragón.
MODELO DE REQUERIMIENTO PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Por otra parte, no se ha enviado a los municipios del entorno de los embalses de Mequinenza y Ribarroja la documentación que les afecte, pese a lo reflejado en el art. 16 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del PHN que indica que el sistema Mequinenza-Ribarroja-Flix, es el elemento de regulación para el trasvase.
Incluso, la documentación sometida a información pública concreta en Mequinenza la pieza básica de la regulación. Esto lleva consigo fuertes restricciones y limitaciones al uso del embalse y afecta a los derechos e intereses de los municipios del entorno. Se produce, además, un trato discriminatorio en relación a los municipios de las comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia y provincia de Almería, que han recibido la correspondiente documentación. El Gobierno de Aragón hace valer esa ilegalidad también en su requerimiento. Por todo lo cual, solicita la anulación del trámite.
Asimismo, el Gobierno de Aragón, ha elaborado un modelo de requerimiento para los municipios del entorno de los embalses de Mequinenza y Ribarroja para que puedan sumarse a la iniciativa, al tiempo que el Departamento de Medio Ambiente les ofrece ayuda jurídica para desarrollar los trámites necesarios.
DENUNCIA COMUNITARIA
Además, el Gobierno de Aragón ha resuelto presentar una denuncia ante la Comisión Europea por violación del derecho comunitario en el trámite desarrollado.
El fundamento de esta denuncia es doble: Por un lado, se trata de indicar que no se ha respetado la Directiva comunitaria 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11, en la práctica del trámite de información pública, ya que no se ha concedido un "plazo adecuado" tal y como indica la directiva. Para ello, debe tenerse en cuenta que se han otorgado dos meses a contar a partir del 2 de junio, pero el Gobierno de Aragón vio negado el acceso a la documentación hasta el 17 de junio en que se le entregó en soporte papel y al 27 de junio en que se le entregó el soporte informático. Este tiempo ha coincidido, además, con el de una Administración en funciones dadas las elecciones autonómicas celebradas el 25 de mayo. Es evidente que el Gobierno de la Nación ha buscado este plazo de tiempo y sus restricciones para impedir o molestar el derecho de alegación.
Además, hay que tener en cuenta la dificultad de la documentación a examinar, por lo que el concepto de plazo adecuado debe medirse en relación al proyecto concreto de que se trate, no en general.
Igualmente se denuncia ante la Comisión Europea la confección del estudio de impacto ambiental sin estar previamente elaborado y redactado el Plan Integral del Delta del Ebro, aspecto que había sido reclamado insistentemente en toda la correspondencia mantenida por la Comisaria de Medio Ambiente con el Ministerio de Medio Ambiente.
Se pide que se constate la violación del derecho comunitario por estas actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y que así se declare, obligándose al Ministerio a adecuarse a las prescripciones del derecho.