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Viernes, 22 de noviembre de 2024

El Gobierno de Aragón destina 210.000 euros para un plan de seguimiento y prevención de daños de los osos que reintroducirá Francia

El Ejecutivo aragonés reitera al Ministerio de Medio Ambiente su preocupación ante la suelta de ejemplares sin el consenso con el territorio, un plan técnico y un compromiso de indemnizaciones suficiente

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar más de 210.000 euros en un plan de seguimiento y prevención de daños del oso pardo en el Pirineo aragonés, ante la inminencia de que el Gobierno francés proceda a la suelta de ejemplares. Esta inversión supone un aumento de en torno al 75 por ciento respecto a lo que se venía destinando en años anteriores en las medidas de seguimiento. Con esta nueva inversión, se pretende extender la red de seguimiento a todo el Pirineo aragonés, que hasta la fecha se centraba fundamentalmente en la comarca de Jacetania.

Entre otras medidas, también se continuará reforzando la formación de los Agentes de Protección de la Naturaleza y personal de guardería (actuación que ya ha comenzado en los últimos meses), conocer el estado actual de la ganadería en ausencia de oso, valorar las posibles repercusiones de la aparición de nuevos ejemplares en los sectores potencialmente afectados, elaborar cartografía sobre las posibles zonas preferentemente más aptas para el asentamiento de osos y las posibles vías de dispersión, elaborar propuestas de medidas compensatorias, redactar manuales y protocolos informativos, de sensibilización y de orientación para compatibilizar las actividades que puedan interferir con la presencia del oso. Las comarcas en las que se trabajará serán Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Entre los trabajos que se intensificarán este año se encuentra el seguimiento de la población osera, el control y prevención de posibles daños al ganado, la asistencia a ganaderos y los trabajos de vigilancia para avisar a las autoridades en caso de furtivismo y otras actividades ilegales. Estos trabajos se realizan todos los días de la semana, y se llevan a cabo por equipos de personas conocedoras de la zona y con suficiente experiencia en el rastreo de huellas e indicios de oso y de otras especies de fauna silvestre.

PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE CONSENSO

Además, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha remitido una carta a la ministra Cristina Narbona en la que le reitera la preocupación del Gobierno de Aragón ante la inminencia del anuncio de liberación de ejemplares de oso pardo, por parte del Gobierno francés, sin que hasta la fecha se hayan cumplido las tres condiciones planteadas por Aragón: el acuerdo con entidades locales, asociaciones y habitantes del territorio, un adecuado programa de indemnizaciones y un plan técnico adecuado.

En este sentido, Boné recuerda en la carta que tanto Aragón como el resto de las Comunidades Autónomas pirenaicas han participado en varias reuniones de coordinación en las que se han discutido, entre otras cuestiones, los contenidos de un Memorando de Entendimiento entre los tres Estados implicados (Francia, Andorra y España) que no se ha llegado a firmar, y que se ha transformado en una posible Declaración de Intenciones que no incluye un Plan de Acción concreto que sí recogía el documento previo.

El Gobierno de Aragón recuerda que la precipitación con que se está abordando este proyecto de reintroducción está impidiendo el necesario proceso de información y concertación con la población local, la definición de un proyecto técnico solvente, que entre otras cosas asegure el cumplimiento de las directrices internacionales sobre introducción y reintroducción de especies (UICN); así como la definición de un marco financiero que permitiese a las Comunidades Autónomas afrontar las inversiones que se derivarían de la iniciativa francesa.

A pesar de ello, el Gobierno de Aragón está realizando múltiples acciones de información tanto con las comarcas pirenaicas afectadas como con colectivos de ganaderos del Pirineo, con el fin de recoger cuantas propuestas consideren de interés para su traslado al Gobierno central, dentro de proceso para lograr el acuerdo con la población local.