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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Interior

La carretera de acceso a los monasterios de San Juan de la Peña queda restringida hasta el 30 de noviembre

El Gobierno mantiene cerrado al tráfico el tramo entre Santa Cruz de la Serós y el cruce con Botaya por el riesgo de desprendimientos en las zonas afectadas por el incendio que se originó en Las Peñas de Riglos

Bomberos en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña durante el incendio de Riglos de este agosto.
Bomberos en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña durante el incendio de Riglos de este agosto.DGA

El Gobierno de Aragón ha prorrogado hasta el 30 de noviembre las restricciones de tránsito en la carretera A-1603, entre Santa Cruz de la Serós y el cruce con la carretera de Botaya, en la provincia de Huesca, debido a los riesgos que permanecen en el entorno afectado por el incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto.

El fuego, originado en el municipio de Las Peñas de Riglos, afectó a cerca de 18.000 hectáreas y alcanzó el entorno del Monumento Natural de San Juan de la Peña. La emergencia obligó a activar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2.

La prolongación de las restricciones responde a la necesidad de mantener las medidas de seguridad en una zona que todavía presenta condiciones de riesgo. Según recoge la resolución, parte de la masa forestal que rodea los monasterios Nuevo y Viejo de San Juan de la Peña resultó afectada por el incendio de forma incompleta.

Esta situación, unida a la orografía del terreno, puede favorecer desprendimientos, con posibles afecciones sobre la A-1603 y su entorno. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico considera necesario mantener las limitaciones de acceso mientras continúan las labores de recuperación y vigilancia de la zona.

Acceso permitido para actividades esenciales

La restricción no será absoluta. La resolución permite el acceso a la carretera a las personas cuyo desplazamiento sea imprescindible para atender explotaciones agrícolas y ganaderas, así como al personal encargado del restablecimiento y mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

La normativa de protección civil establece, además, la obligación de los ciudadanos de cumplir las órdenes e instrucciones de las autoridades durante situaciones de emergencia y de atender las indicaciones de los servicios públicos para prevenir riesgos.