Hacienda
Las medidas fiscales tomadas por el Gobierno central por la crisis en Oriente Medio restarán más de 54,26 millones de euros al Gobierno de Aragón
Aragón dejará de ingresar más de 54,6 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, según los cálculos que maneja el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública
Las medidas impulsadas por el Gobierno central para amortiguar el impacto económico derivado de la guerra de Irán comienzan a dejar su huella en las cuentas públicas de Aragón.
Según los cálculos que maneja el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, la repercusión total asciende a 54,26 millones de euros, una cifra que refleja el coste de los ajustes fiscales aplicados en un contexto marcado por la incertidumbre internacional.
El grueso del impacto se concentra en el IVA, con 34,03 millones de euros, seguido del impuesto especial sobre la electricidad, que supone 17,52 millones. A ello se suman los 2,71 millones de euros correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, completando así una factura que evidencia cómo las decisiones adoptadas a nivel estatal tienen un efecto directo en las arcas autonómicas.
Esta estimación de la merma en la recaudación —vinculada a las medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Irán— está calculada a 30 de junio de este año, lo que deja entrever que su impacto podría seguir ampliándose en los próximos meses si se mantienen las actuales condiciones económicas.
El análisis del Gobierno de Aragón ha sido realizado partiendo de los datos de impacto global para el conjunto del Estado realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y considerando los índices reales de consumo resultantes de la última liquidación del sistema de financiación autonómica.
El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha subrayado que las medidas adoptadas por el Gobierno central acaban siendo asumidas por las comunidades autónomas, que ven reducida su capacidad financiera sin haber participado en la toma de estas decisiones. El Ejecutivo autonómico apela al principio de lealtad institucional, previsto en la ley, conforme al cual el Gobierno debería cuantificar el impacto y compensar la merma de ingresos para financiar los servicios públicos fundamentales en las comunidades autónomas.