Gimeno: “El Gobierno central sólo está financiando el 19% de las ayudas a la Dependencia”

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha criticado públicamente esta mañana ante más de un centenar de responsables técnicos y políticos de servicios sociales de toda España el incumplimiento de la obligación del Gobierno central de financiar a partes iguales con las comunidades autónomas los gastos que genera la aplicación –de por sí muy limitada- de la Ley de Dependencia.

“No puede ser que la ley diga que se tiene que financiar al 50% y el Gobierno central sólo esté aportando el 19% mientras la Comunidad de Aragón tiene que hacerse cargo del 81%”, ha resaltado Gimeno durante su intervención en el XXII Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales que se celebra hoy y mañana en la localidad madrileña de Fuenlabrada y que en esta edición se centra en las rentas básicas.

La organización -cuyo representante aragonés es Gustavo García, responsable de la Casa de Amparo y de El Refugio en Zaragoza- ha agradecido la participación de Gimeno no sólo por depender de él las cuentas de los servicios sociales de Aragón, sino también por su trayectoria como vicealcalde de Zaragoza durante las dos legislaturas anteriores y por la interlocución que esperan les pueda facilitar en su condición más reciente de vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), máximo órgano de coordinación entre Gobierno y Comunidades Autónomas en la materia.

Sobre la Dependencia, Gimeno ha lamentado que el 31% de las personas con derecho reconocido a las prestaciones no las perciban todavía, y ha planteado la necesidad de un nuevo pacto social a nivel estatal para facilitar y agilizar la aplicación de la ley.

En cuanto a las rentas mínimas que abandera este congreso para garantizar a la ciudadanía unos ingresos vitales básicos, el consejero aragonés ha compartido su necesidad, si bien ha puntualizado que hay que ganar mucha eficiencia en las administraciones para conseguir al menos que la mayor parte del gasto social público llegue a las familias beneficiarias, y ha recalcado las propuestas que se están lanzando desde y para los diferentes niveles de administraciones públicas requerirían una puesta en común.

“Sería conveniente que el conjunto de las administraciones se coordinen en la definición y la regulación de las rentas básicas para que tengan coherencia entre sí y también con el conjunto del sistema de protección social”, ha dicho el consejero, entre otras cosas para “no cometer en el futuro inmediato los mismos errores que en años anteriores”.

Entre estos errores, el consejero ha destacado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de 2012, que el Ministerio de Hacienda acaba de supeditar ahora a una futura negociación, tan incierta como imprescindible, de la financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.

“Esta ley, que fue impuesta contra el criterio del mundo local y académico, era una reforma inadecuada que presuponía la irracionalidad e insostenibilidad previa de la administración local. Partía de un prejuicio penalizando a los municipios, que no son los culpables de la proliferación de servicios demandados por los ciudadanos”, ha afirmado Gimeno.

“Pero la realidad ­se ha impuesto una vez más –ha continuado-, y en los últimos años los ayuntamientos han sido la única administración que, a pesar de la crisis y manteniendo sus servicios e incluso reforzando sus políticas sociales, han conseguido reducir su déficit y contribuir así a rebajar el de las demás en el cómputo global”. Ha defendido en este sentido el principio de proximidad para la prestación de servicios, por lo que en su opinión hay que potenciar las CCAA y los ayuntamientos como administraciones más cercanas a los ciudadanos.

El consejero ha advertido de que, a pesar de la “rebelión generalizada” contra una ley que “puede vulnerar el principio democrático al alejar la decisión sobre los servicios de los representantes directamente elegidos por los vecinos”, el Ministerio de Hacienda sigue en la misma posición que cuando se aprobó la polémica norma.

A este respecto, se ha referido y comunicaciones oficiales con todas las CC.AA. y recientes acuerdos con algunas en concreto donde se establece que “el ejercicio por las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación sólo cabe cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, en los términos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración pública”.

Aunque transcriba lo mismo que dice la ley, este acuerdo entraña a juicio de Gimeno “la sentencia de muerte de las políticas sociales en los ayuntamientos con problemas de estabilidad presupuestaria y de techo de gasto". En este sentido, ha confiado en que estas previsiones ministeriales no se cumplan y se ha mostrado firme defensor del principio de autonomía municipal.

Por otra parte, Fernando Gimeno ha destacado dos realidades estadísticas: “España tiene un sistema de protección social muy por debajo de la media europea”, a la vez que “está a la cola de la UE en presión fiscal”. Ha explicado que el gasto público en los conceptos homogéneos en Europa de enfermedad, invalidez, vejez, supervivencia, familia, desempleo, vivienda y exclusión social representaba en 2011 el 26,1% en España frente a una media del 29,8% en la Unión.

“Si queremos más protección social necesitamos aumentar los ingresos, máxime después de cinco años de crisis con una reducción de las políticas sociales desde 2008”, ha inferido. De ahí las medidas que, ha recordado, están debatiendo las Cortes de Aragón para afrontar los objetivos políticos prioritarios, que van a ser la renta básica, la dependencia, la sanidad, la educación o la vivienda social.

Ha reconocido que la situación económica está mejorando, y aunque las familias sigan teniendo graves problemas, las administraciones tienen un horizonte más favorable pese a seguir sometidas a objetivos de austeridad demasiado estrictos. “Esta situación hay que aprovecharla para hacer políticas a favor de las personas en el próximo año –ha recalcado finalmente-. Y en tanto en cuanto la situación de las administraciones sea deficitaria deberían evitarse a toda costa las bajadas de impuestos”.