La Mesa Sectorial de la Administración General aprueba la oferta de empleo público y los procesos de estabilización de empleo temporal correspondientes a 2018

Pocos días después de que la Dirección General de Función Pública planteara la Oferta de Empleo Público y el proceso de estabilización de empleo temporal correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma para el año 2018, la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma, presidida por la directora general de Función Pública, Arantxa Millo, ha dado hoy el visto bueno al cómputo de la oferta.   En total la oferta de empleo público asciende a 1.247 plazas, 244 correspondientes a la Oferta Ordinaria por tasa de reposición de efectivos, 179 de estabilización derivadas del I Acuerdo para la mejora del empleo Público y 824 de estabilización derivadas del II Acuerdo.   De las 1247 plazas, 845 corresponden a personal funcionario y 402 a personal laboral.   La oferta de 2018, tanto por tasa de reposición como por tasa adicional de estabilización derivada del II Acuerdo, ha sido aprobada por unanimidad de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF). Por lo que respecta a las 179 plazas de estabilización derivadas del I Acuerdo, han sido aprobadas con el apoyo mayoritario (UGT, CSIF).   Estos acuerdos, unidos a la aprobación del baremo que se aplicará en la fase de concurso en los procesos de estabilización en la Mesa Sectorial celebrada el pasado martes, permitirán un sustancial avance en las convocatorias de los procesos selectivos que efectuará el Gobierno de Aragón, iniciando de esta forma el camino hacia la reducción de la tasa de temporalidad existente en el sector de Administración General.   El encuentro de esta mañana ha permitido además aprobar de forma unánime (CCOO, UGT y CSIF) el acuerdo por el que se establecen las medidas para la garantía efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al empleo público. En este sentido, la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma ha acordado la previsión de excepcionar del llamamiento único para la realización de alguna de las pruebas a las aspirantes en situación de embarazo y/o parto que así lo soliciten al Tribunal, justificando su imposibilidad de acudir al llamamiento con el correspondiente informe médico.