Miguel Ángel Bernal: “Hay que valorar positivamente las oportunidades que ofrece la nueva Ley de Contratos”

“A pesar de que es una norma compleja, hay que valorar positivamente las oportunidades que ofrece la nueva Ley de contratos del sector público para el desarrollo de las políticas públicas” Así lo ha manifestado el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, en el desayuno que esta mañana ha organizado el Parque Tecnológico Walqa con la asistencia de más de veinte empresas, con el objetivo de dar a conocer la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado 9 de marzo. Bernal, que ha realizado un análisis del panorama normativo, ha explicado también los objetivos que persigue esta norma y que pasan por lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad-precio en las adjudicaciones, sin olvidar la simplificación y el fomento de la participación de las PYMES.   Con el objetivo de desarrollar la norma, de manera acorde con lo establecido por la Directiva 2014/24/UE, de contratación pública, la Comunidad Autónoma de Aragón ha elaborado un proyecto de Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública que refuerce los objetivos citados. La norma autonómica, para cuya redacción se ha llevado a cabo un proceso de negociación previo con todos los grupos presentes en las Cortes de Aragón, se encuentra ahora en el proceso de exposición pública previo a su discusión por el Parlamento autonómico.   Miguel Ángel Bernal ha explicado durante su exposición que las entidades del sector público de Aragón celebran miles de contratos todos los años, y el impacto directo e indirecto de esa actividad pública contractual podría estimarse en casi 18 puntos porcentuales del PIB, según los datos facilitados por la Comisión Europea. Sin embargo, ha hecho hincapié en el hecho de que no es solo la importancia cuantitativa la que es preciso considerar puesto que los contratos públicos son un instrumento que, bien empleado, puede contribuir a realizar determinadas políticas públicas, entre las que destacan las de carácter social, medioambientales y de fomento de la innovación.   En este sentido, se ha referido a los principales objetivos que persigue el proyecto de ley aragonés: incrementar, por una parte, la eficiencia del gasto público en la contratación pública; y, por otra, de permitir que las entidades contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. A juicio de Bernal, “va a ser en esta Ley donde demos un paso muy importante, situándonos por delante de la regulación estatal, con previsiones tan importantes como la protección de los trabajadores de las empresas contratistas, o los pagos a subcontratistas y proveedores y la promoción de la participación de las PYMES en los contratos públicos”.   Según ha explicado el responsable del área de Contratación de la Administración autonómica, “la nueva Ley aragonesa y las actuaciones de coordinación y apoyo que se van a realizar desde la Oficina de Contratación Pública del Gobierno de Aragón –que está operativa desde principios de este mismo año– han de servir para hacer menos traumática la aplicación de la nueva ley estatal. Una Ley que incorpora con cierto retraso disposiciones de una Directiva europea de 2014. La norma presenta también importantes novedades que tienen un gran impacto sobre la práctica diaria de la contratación pública y que hacen referencia a los criterios y procedimientos de adjudicación, el recurso especial o los contratos de servicios a las personas, entre otros aspectos”