La presión fiscal de los tributos sobre los que Aragón tiene capacidad normativa se mantiene por debajo de la media nacional

Según datos públicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la presión fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón se sitúa por debajo de la media nacional, ocupando el octavo lugar en el conjunto de las comunidades autónomas.   Excluyendo los territorios del régimen foral (País Vasco y Navarra), Aragón registró el año pasado una presión fiscal del 5,13% sobre el Producto Interior Bruto, frente al 5,16% de la media nacional. En relación con el año anterior, la diferencia entre ambas cifras se ha ampliado en una décima a favor de la Comunidad Autónoma (en 2016 la presión fiscal de Aragón se situó en el 4,87% y la del conjunto de regiones en el 4,89% del PIB).   Por lo que respecta a los otros componentes analizados a la hora de evaluar la estabilidad financiera de la Comunidad autónoma, en lo que se refiere al endeudamiento, en el mes de agosto Aragón registraba un volumen de endeudamiento de 8.126,37 millones de euros, siento el objetivo de cierre previsto en 8.144,50 millones de euros. Estos datos ponen de manifiesto que, aunque ha aumentado, el ritmo de crecimiento de la deuda autonómica se ha reducido respecto a la anterior legislatura. Así las cosas, la deuda de Aragón, en la actualidad, supone un 21,7% del PIB frente al 22% registrado en 2017, según los datos estimados por la Intervención General del Estado (IGAE).   En cuanto al déficit, según los últimos datos que esta misma semana ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Aragón registró un déficit del -0,01% en el mes de agosto, lo que representa en términos absolutos un total de 5 millones de euros. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la Comunidad Autónoma experimento un descenso superior al 90% ya que el déficit en agosto de 2017 se situó en el -0,21% del PIB (74 millones en términos absolutos).   La Comunidad Autónoma de Aragón ha mejorado su posición relativa en comparación con el resto de comunidades autónomas y se acerca tanto al equilibrio presupuestario como a la media del conjunto de España, que en el mes de agosto de este año arroja un superávit del 0,14% del Producto Interior Bruto.   Si la comparación se realiza respecto al año 2017, el déficit en el mes de agosto del año pasado ascendía a -0,21%, lo que supuso 74 millones de euros en términos absolutos.   Durante el conjunto de la legislatura, la Comunidad Autónoma ha rebajado su cifra de déficit del -2,07% del PIB con el que Aragón cerró el año 2015, al -0,90 con el que finalizó el año 2017. Durante esos tres años, el déficit ha experimentado una reducción del 56,5%.   A la vista de estas cifras, el Departamento de Hacienda y Administración Pública considera que la actual situación de las finanzas autonómicas es compatible con el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para el año 2018 en el -0,4%.   Por lo que respecta a la ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2018, en el mes de agosto, el grado de ejecución del gasto no financiero se situaba en el 54,67% frente al 55,90% del 2017. En el apartado de Ingresos no financieros, la ejecución en agosto del año pasado se situó en el 63,20% mientras que en agosto de este año el porcentaje se sitúa en el 61,89%.   Presión fiscal   El análisis realizado sobre el peso que los ingresos tributarios tienen sobre el Producto Interior Bruto excluye los tributos correspondientes al sistema de financiación autonómica sobre los que las comunidades autónomas no pueden legislar, haciendo una comparación homogénea de los ingresos obtenidos por todas las comunidades autónomas.   Cada una de las comunidades autónomas, en su capacidad para crear nuevas figuras tributarias y modificar sus tramos de los impuestos estatales, soporta una distinta presión fiscal. Caso aparte resultan los territorios del régimen foral, que gestionan sus propios impuestos y solo pagan un cupo o aportación al Estado por los servicios que les presta.

El porcentaje de ingresos que los particulares y empresas aportan a las administraciones en concepto de impuestos en relación al PIB es considerado como la presión fiscal o tributaria que los ciudadanos y organizaciones deben soportar. Este concepto se ha modificado sustancialmente en las últimas tres décadas como consecuencia tanto de las sucesivas reformas fiscales como por la evolución del ciclo económico.