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Domingo, 24 de noviembre de 2024

Primer Consejo de Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi

Los consejeros de Hacienda y Administración Pública y Presidencia y Justicia han detallado las primeras medidas de ajuste adoptadas en la Administración de la Comunidad Autónoma y el Código de Buenas Prácticas que regirá la actuación de los altos cargos

Los consejeros de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, y Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, han comparecido al término del Consejo de Gobierno para detallar los acuerdos adoptados. Entre ellos han hecho referencia a la nueva estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluye una reducción de altos cargos y asesores cifrada en 80 personas que comportará un ahorro de 1,8 millones de euros en este ejercicio, que será de 4,4 millones cada año y de 17,9 en toda la legislatura.   A este respecto el consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha indicado que “con ese dinero se pueden construir cinco colegios, y desde luego este Gobierno prefiere colegios a asesores“.   El Consejo de Gobierno ha aprobado también el Código de Buenas Prácticas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que presidirá la acción de todos los altos cargos del Ejecutivo. Según el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, “la trasparencia, la austeridad en la gestión y la búsqueda del interés general y del bien común de los aragoneses debe ser lo único que prime en la actividad de los altos cargos del Gobierno de Aragón”.   Sobre la huelga recientemente convocada por el comité de empresa de Sodemasa, Bermúdez de Castro ha recordado que “los trabajadores no deben tener ninguna duda de que su trabajo está garantizado, porque hay que seguir apagando los incendios, pero no podemos entender que sin saber cuál era la posición del Gobierno sobre Sodemasa hayan ido a la huelga, lo lógico sería que hubieran hablando antes con nosotros, cosa que no han hecho”.   También se han pronunciado los consejeros sobre el futuro del Plan Red de Carreteras. Para el titular de Hacienda y Administración Pública “se cometió una torpeza por parte del Gobierno anterior a sabiendas de que estas competencias podían computar como deuda y aunque había informes en contra de un grupo de expertos de la Intervención General del Estado y del Banco de España se decidió seguir adelante”. 

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