Declarado de Interés Autonómico el proyecto de fabricación de fertilizantes de SAMCA en las comarcas mineras

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes declarar Inversión de Interés Autonómico el proyecto promovido por SAMCA en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Cuencas Mineras para la fabricación de fertilizantes organominerales, es decir, utilizando para ello recursos minerales y residuos ganaderos y agrícolas.

Este proyecto supondrá una inversión inicial de más de 41 millones de euros y la generación de 85 puestos de trabajo directos y al menos 40 indirectos, permitiendo la continuidad de la mayoría del personal de los dos grupos mineros de extracción de carbón a cielo abierto que la empresa SAMCA posee en la provincia de Teruel.

El proyecto diseñado por SAMCA, que permitirá mitigar el impacto socioeconómico derivado del cierre de la Central Térmica de Andorra-Teruel, comprende el aprovechamiento minero de los recursos minerales como la leonardita o el lignito para la fabricación de fertilizantes asociados a esas materias primas, además del aprovechamiento de residuos ganaderos y agrícolas generados en la instalación de la sociedad Tauste Ganadera, S.A –perteneciente al Grupo SAMCA- para la elaboración de compost, que se utilizará en la producción de fertilizantes organominerales.

La empresa planea instalar en Ariño la planta de producción de fertilizantes y un centro de I+D+i del lignito y la leonardita para usos alternativos al de la generación de electricidad. La extracción de los minerales se llevará a cabo en diversos emplazamientos, entre ellos, Ariño, Foz Calanda, Oliete, Alcaine y Cañizar del Olivar.

La declaración de Interés Autonómico -que permite reducir a la mitad los trámites administrativos vinculados a la autorización, ejecución y desarrollo de los proyectos-, también se ha otorgado hoy al proyecto de una planta fotovoltaica de 41,80 MW en la localidad turolense de Muniesa, en la comarca turolense de Cuencas Mineras, que supondrá una inversión aproximada de 25 millones de euros.

Está prevista la creación de 160 puestos de trabajo durante la construcción de la planta -con picos de 250 empleos- y cuatro puestos de media –que podrán llegar hasta diez- durante la fase de explotación. Desde el punto de vista medioambiental, esta planta evitará la emisión a la atmosfera de unas 27.760 toneladas de CO2 al año.

Además, este proyecto fotovoltaico tendrá un impacto positivo para el desarrollo económico del municipio de Muniesa, que tiene una superficie de 129,8 km² y una población total de 630 habitantes, así como de otras localidades próximas. La creación de empleo ayudará a fijar población en las zonas rurales y en especial, en las zonas de la minería del carbón y su entorno, creando actividades alternativas en estas localidades e incentivando su desarrollo.

Por otra parte, el Consejo ha acordado encomendar a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización la gestión unificada para la tramitación del pago de tributos por parte de la Diputación General de Aragón, para lo que el Departamento de Hacienda y Administración Pública retendrá 3,1 millones de euros.

La dispersión territorial y descentralización presupuestaria y económica del pago de tributos en múltiples centros gestores ha supuesto que, en muchos casos, no se reciban y tramiten en periodo voluntario de pago todas las comunicaciones y notificaciones tributarias, lo que se ha traducido en un incremento de expedientes en vía ejecutiva con recargos de apremio, intereses de demora o costas.

Estos sobrecostes se evitarán en gran medida con este cambio en la forma de gestión, haciéndola más eficaz, con el fin de adaptar el trabajo administrativo a la nueva realidad que supone la implantación de la administración electrónica.

En materia de Sanidad, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nuevo decreto que regula el uso de desfibriladores automatizados externos (DEA) fuera del ámbito sanitario, norma que sustituirá al decreto de 2006 vigente actualmente. El nuevo decreto recoge la obligatoriedad de instalar al menos un DEA en establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados; aeropuertos y estaciones de tren y autobuses en poblaciones de más de 25.000 habitantes; centros de ocio, deportivos y piscinas con aforo igual o superior a 300 personas; centros educativos; centros de trabajo con más de 250 trabajadores; residencias de más de 200 plazas; hoteles con más de 100 plazas; y en una patrulla de las policiales locales en los municipios que las tengan.

Como novedad, hasta ahora sólo se consideraban competentes los médicos y enfermeros y el resto de personas solo si recibían formación específica para su uso fuera del ámbito sanitario. Ahora, se incluyen los Técnicos en Emergencias Sanitarias, dando cumplimiento así al compromiso adquirido con este colectivo.

En otro orden de cosas, el Gobierno ha dado hoy luz verde a la celebración de un convenio entre la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis para la realización de actividades conjuntas de investigación y de formación.

Este convenio también incluye que los restauradores que se están formando en la escuela puedan hacerse cargo de labores de conservación del material procedente de la Fundación, además de establecer programas conjuntos.

En materia de Desarrollo Rural, se ha aprobado el decreto por el que se declara de Interés General para la Comunidad Autónoma de Aragón la iniciativa interesada por la Comunidad de Regantes “Huerta de Gelsa”, para la ejecución de las obras incluidas en el “Proyecto de Mejora y Modernización del regadío de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Gelsa (Zaragoza)-Fase II-”, que cuenta con un presupuesto máximo subvencionable de 4,2 millones de euros.

Las obras suponen la finalización del proyecto global de mejora y adaptación del regadío en una superficie de 545 hectáreas y beneficiarán a 433 usuarios de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Gelsa.

Igualmente se ha autorizado un convenio marco de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para impulsar los aspectos relacionados con la protección vegetal y la mejora en los medios de producción de cultivos extensivos.

En Aragón, la normativa establece medidas de obligado cumplimiento para los productores agrarios con objeto de reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, para la implantación de la gestión integrada de plagas.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado hoy la suscripción de un convenio entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Alcoraz que tendrá como resultado la creación y gestión de una Escuela de fútbol de base en la Comunidad.

Las dos instituciones y la entidad sin ánimo de lucro coinciden en su objetivo de promover y fomentar la actividad deportiva, y su alianza permitirá el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de este centro deportivo, que tendrá como finalidad la promoción del fútbol en la Comunidad; la formación de jugadores, técnicos y directivos; la integración de los deportistas en el modelo educativo para propiciar su conciliación, y la realización de estudios técnico-científicos sobre este deporte.

En materia de Vertebración Territorial, se ha declarado urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de acondicionamiento de tres carreteras autonómicas: A-1409 entre Torrevelilla–Cañada de Verich; A-1412 entre Maella–Límite provincial; y A-1510 de Rillo a la TE-V-1016 (accesos a Son del Puerto).

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de conjunto de interés cultural, zona arqueológica, de dos yacimientos de la Comunidad: El Molino de los Benedetes de Monzón y El Palao de Alcañiz. Tras esta declaración, los ayuntamientos de los dos municipios están obligados a redactar y aprobar un plan especial de protección del área afectada, de manera que toda obra que se realice en estos bienes tendrá que ser autorizada. A su vez, toda actividad o intervención arqueológica deberá contar con autorización de la Dirección General de Patrimonio.