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El Presidente de Aragón, Javier Lambán, anfitrión de sus homólogos de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja, ha explicado el contenido del acuerdo alcanzado hoy y que gira en torno a dos reclamaciones fundamentales: la estrategia contra la despoblación y la reforma del sistema de financiación autonómica, con carácter prioritario, para poder acometer con justicia la prestación de los servicios públicos que prestan. Con ello, se busca  garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes porque, según ha asegurado Lambán son dos caras de la misma moneda para la España vacía, la que corre el riesgo de desaparecer.

Los Gobiernos de las Comunidades de Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han suscrito un documento en el que de defienden que la negociación del modelo de financiación sea fruto de un acuerdo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, que las 17 comunidades decidan sobre el destino de los 47 millones de españoles. De esta forma, rechazan contundentemente los tradicionales acuerdos bilaterales que favorecen a comunidades como País Vasco o Cataluña.

Exigen que dicha financiación sea acorde al coste real de los servicios. Y además, que tenga en cuenta variables como la dispersión, la orografía y otros tantos que, como ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, explica por qué en un lugar poblado como Fuenlabrada hacen falta cinco centros de salud y con la misma población que vive en la provincia de Cuenca, hacen falta 50 centros. Por ello, siguen reclamando criterios ponderados de distancia y de oportunidades para el reparto de fondos que garanticen los mismos derechos de los ciudadanos, allá donde vivan.

Ante todo, han insistido en el carácter positivo de estas reuniones que cada vez integra a más participantes, ya que empezó en Oviedo con tres comunidades, que se ampliaron a cuatro en León y ahora seis, en Zaragoza. Se presentan como la expresión de la España constitucional, la que fomenta la cooperación entre comunidades para hacer país y al mismo tiempo, una ayuda al Gobierno de España en “la resistencia a las presiones de otros que, en caso de prosperar, además de quebrantar la necesaria cohesión de España, aumentan las brechas entre territorios y producen injusticias cada vez más irreversibles". Por ello, "lejos de plantear problemas al gobierno de turno, ayuda al gobierno de España a hacerlos con criterios de justicia y cohesión”, ha subrayado Javier Lambán, palabras que han sido secundadas por todos los presidentes en sus respectivas intervenciones.

Todos ellos han puesto en valor estos principios que recoge el texto constitucional y que este año celebrará el 40 aniversario, una fecha en la que han querido poner especial énfasis. Lambán ha recordado “letanías” de los nacionalismosperiféricos que amparándose en supuestos perjuicios del Estado centralista, eran sin embargo los más beneficiados por las políticas aplicadas desde principios del siglo XVIII, postergando a otros. Así, ha sostenido que la puesta en marcha del Estado autonómico ha sentado muy bien, precisamente, al resto de comunidades, sobre todo a estas que representan el 52% de la superficie de España pero que acoge tan solo al 21% de la población el país. “Somos la España vacía, y un país que se vacía, deja de existir, abocado a la desaparición”. Por estos motivos, se han puesto a trabajar conjuntamente en estos problemas que las acucian.

Para hacer frente a un mejor reparto de la financiación, una de las reclamaciones de los seis presidentes que figura en la declaración institucional rubricada hoy pasa por exigir al gobierno central la asunción total de la liquidación completa del IVA de 2017, después de que el anterior ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto. El presidente de La Rioja ha afirmado que este impuesto supone el 80% de los ingresos ordinarios de las comunidades reunidas y por ello es vital su aportación. Ceniceros también ha insistido en otros aspectos de la financiación, como la potenciación de mecanismos de solidaridad.

Con vistas al debate y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020, plantean la necesidad de alinear lo mejor posible la financiación disponible y las prioridades políticas, lo que pasa por una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los instrumentos y Fondos de la Unión y en los que, junto con la PAC entre otras, la Política de Cohesión juega un papel fundamental, para creación de empleo, promoción de la actividad económica, fomento de la l+D+i, acceso a infraestructuras, particularmente de TIC o dotación de servicios básicos del Estado de Bienestar, etc.

En definitiva, las seis comunidades ponen deberes al Gobierno de España para que presente pronto la Estrategia nacional contra la despoblación, y su lucha ante la UE para que no se prime únicamente criterios de reparto per cápita, sino que incluya otros baremos. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de Galicia, ha ironizado con el hecho de que Europa, el continente más envejecido del mundo, al que España ha transferido parte de sus competencias, no defienda precisamente la forma de abordar un problema mundial. Transición energética justa

A diferencia de anteriores cumbres, esta vez no ha incluido el apartado relativo al futuro de la minería pero ello no ha impedido que las tres comunidades que comparten este problema, hayan reclamado una transición justa, lo que pasa por el aplazamiento del cierre de centrales térmicas, particularmente la de Andorra, en Teruel, así como la reserva de un porcentaje para el carbón nacional en el mix energético de España. Aragón, Asturias y Castilla y León han recordado el papel estratégico que desempeña y ha de mantener el carbón nacional por seguridad para garantizar un suministro que, como se ha comprobado precisamente este mes, no se puede cubrir totalmente con energías renovables y menos aún en momentos punta de demanda.

Creen que adelantarse en diez años al plazo concedido a otras para el cierre de las centrales no garantiza una transición "justa" y apelando precisamente al término de transición, rechazan que en su lugar se convierta en un “precipicio”. Apelan además, como lo recordaba Javier Fernández, Presidente de Asturias, a la reserva del mix energético, tanto para garantizar el suministro eléctrico como el que fue preciso el año pasado, como para evitar el encarecimiento de costes para el propio sector industrial español, lo que frenaría su competitividad.

El presidente de Castilla y León, Vicente Herrera, no ha pasado por alto la situación que atraviesa la provincia de León con el desmantelamiento de Vestas, por lo que ha empleado el sarcasmo a la hora de hablar de uno de los grandes escándalos de esta transición energética, “con empresas multinacionales que como la danesa, dedicada precisamente a fabricar componentes para producir energías limpias, se dedican a deslocalizar empresas de Europa para llevarse la producción a otros sitios de mundo, donde les condicionan el desarrollo de esas energías al establecimiento de su base fabril. Por tanto, sin renunciar a producir megavatios de potencia eólica en España pero con componentes -como las turbinas- fabricados en China y otros países. Ante esta situación, Herrera defiende que “Europa se tiene que rearmar y eso también es transición energética inteligente, y no solo justa”.

Una celebración exitosa

La celebración de esta reunión ha sido calificada por todos ellos como “un éxito de España y de la Constitución, con la que “pretendemos servir al interés general de los ciudadanos de nuestros respectivos territorios" y dicen hacerlo como presidentes autonómicos y al mismo tiempo como "los máximos representantes ordinarios de Estado en nuestros territorios y a tal fin queremos hacer honor”, argumentó Lambán.