Aragón y el resto de comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas solicita al Ministerio de Justicia y al CGPJ participar activamente en la reforma de la Administración de Justicia

Avanzar profundamente en la reforma de la Administración de Justicia  desde la coordinación y la colaboración de la comunidades autónomas con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial , es la petición que han realizado hoy las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas. Aragón ha participado junto con  Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco ,  Valencia y Navarra en la reunión de la Comisión de Coordinación que se ha celebrado en Pamplona.

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva,  ha destacado la importancia de estos foros de intercambio de opiniones para adoptar criterios comunes que se puedan trasladar a las otras partes implicadas  en el proceso de reforma de la Administración de Justicia.

En este sentido, Silva  ha incidido en la apuesta de Aragón por la implantación de la Nueva Oficina de Judicial y  ha pedido, al igual que el resto de las comunidades autónomas, mayor capacidad de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia para poder avanzar en la transformación de la Administración de Justicia.

Asimismo, ha apostado por los servicios comunes procesales para una

correcta estructura de la NOJ y ha insistido en la necesidad de que se cuente con Aragón para la modificación de leyes como la ley de demarcación y planta judicial . Ya anteriormente, el Gobierno de Aragón había trasladado al Consejo General del Poder Judicial, el deseo de que se tenga en cuenta la nueva organización territorial de Aragón.

También ha señalado que aunque Aragón hace tan sólo dos años que tiene las competencias de justicia no se encuentra en una situación de retraso con el resto de comunidades autónomas, sino que  compartimos problemas similares, y en muchas ocasiones el diagnóstico es el mismo.

En lo que respecta a la asistencia jurídica, Rogelio Silva, ha manifestado su compromiso con este derecho de los ciudadanos y ha incidido en la necesidad de reformar  la ley que data de 1996.

Durante esta jornada se han analizado dos asuntos principales: la implantación de la nueva oficina judicial, una nueva organización del trabajo en los juzgados, y  la situación de la asistencia jurídica gratuita, un derecho constitucional que deben aplicar las comunidades autónomas. Para debatir ambos temas se han constituído grupos de trabajo específicos.

Reforma de la Justicia

Las Comunidades  Autónomas han solicitado continuar avanzando en la modernización de la Justicia, y valoran la reciente modificación de las leyes procesales y el Plan de Modernización pero consideran que es sólo el principio del proceso.

Demandan el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, sin menoscabo del carácter nacional de los diferentes cuerpos de funcionarios. Solicitan también al Ministerio de Justicia que participe conjuntamente con ellas en la definición de la relación de puestos de trabajo de la NOJ.

En sus conclusiones, apuestan por un correcto despliegue de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo. Piden que se les informe y participar en todo aquello que incida en la modernización de la Justicia y en la elaboración de futuras leyes que les afecten como las de Registro Civil y Demarcación y Planta Judicial.

Además, con respecto a la NOJ las comunidades autónomas han acordado poner en marcha una base compartida de documentos  y en la que se invita a participar en la Administración del Estado, con el objetivo claro de crear un ámbito común de consulta, participación y estudio.

Justicia gratuita

Las comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas manifiestan su firme compromiso con el derecho de la asistencia jurídica gratuita y evidencian el esfuerzo presupuestario que se hace en este sentido.

Solicitan al Ministerio que impulse la reforma de la Ley 1/1996 y que quede reflejado que la prestación de esta asistencia se basa exclusivamente en la solidaridad social para garantizar, mediante la aportación de la Administración Pública, la igualdad de los más desfavorecidos en el acceso a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, han señalado que la introducción de los juicios rápidos ha supuesto un incremento importante de la asistencia letrada gratuita. Destacan, por ello, que es necesario racionalizar este procedimiento a fin de que responda estrictamente al principio de solidaridad social inspirador del sistema.

Las diez comunidades autónomas, incluídas Aragón, consideran imprescindible mantener una reunión de trabajo de carácter inmediato con el Ministerio de Justicia para abordar todas estas cuestiones.

Nota: se adjunta imágen y audios del consejero Rogelio Silva