El Ejecutivo aragonés potencia la autonomía municipal en materia de urbanismo

La nueva Ley de Urbanismo de Aragón impulsada por el Gobierno de Aragón con  la modificación de la Ley 3/2009 permite a los ayuntamientos tener más autonomía en su gestión urbanística. Así, se estima que las competencias del Ejecutivo autonómico deben centrarse en los instrumentos de planeamiento general que son los que implican una estructuración del territorio y suponen una mayor relevancia territorial.   Por ello, se prevé un procedimiento de homologación para que los informes de la Comunidad Autónoma al planeamiento de desarrollo puedan ser facultativos. Por ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado la solicitud de homologación hecha por el Ayuntamiento de Monzón al amparo de la posibilidad que ofrece la nueva normativa.   En el acuerdo aprobado, se establece que se ha acreditado, por parte del consistorio, la existencia de medios técnicos adecuados para la supervisión del cumplimiento de la legalidad y la garantía de un adecuado desarrollo urbano derivada de la correcta planificación efectuada por el instrumento de planeamiento general.   De esta forma, el Consejo de Gobierno homologa al consistorio montisonense para que la intervención del órgano autonómico competente sea sólo facultativa con respecto al planeamiento de desarrollo, se consideran incluidos en el mismo los planes que tengan por objeto el desarrollo del planeamiento general, y las modificaciones de menor entidad del Plan General. Éstas últimas serán las que no afecten a las determinaciones del artículo 40 de la Ley/2009.     Este acuerdo se extiende al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Monzón. No obstante, si se produjera un desarrollo reglamentario de la legislación urbanística, esta homologación se actualizaría en función de lo que se estableciese en este desarrollo.   El Ayuntamiento de Monzón es el tercer consistorio que solicita la homologación, tras hacerlo el Ayuntamiento de Zaragoza y el de Jaca. De esta forma, el Gobierno de Aragón refuerza la autonomía municipal en la toma de decisiones y agiliza los procedimientos administrativos en materia de planeamiento urbanístico en beneficio del territorio y de los ciudadanos.