El Gobierno de Aragón iniciará en 2023 la rehabilitación del Palacio de los Luna, que costará unos 15 millones de euros

El Gobierno de Aragón acometerá desde el año que viene la reforma del Palacio de los Luna, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que está catalogado como Bien de Interés Cultural. La actuación, como ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, se llevará a cabo en varias fases y su coste está previsto que ronde los 15 millones de euros.

La titular de Presidencia ha hecho estas declaraciones en la propia sede del TSJA, tras la reunión de la Comisión Mixta de Coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Una cita que “sirve para testar la colaboración entre los jueces y el Gobierno de Aragón”, según Mayte Pérez, y en la que ha participado el presidente del TSJA, Manuel Bellido. También han estado presentes las directoras generales de Justicia, Mª Ángeles Júlvez, y de Servicios Jurídicos, Esperanza Puertas.

El plazo que se prevé para los trabajos en el Palacio de los Luna, de ocho años, es amplio ya que los vienen condicionados tanto por el tipo de actuación (está catalogado como BIC en la categoría de monumento) como por el tipo de ejecución que se pretende llevar a cabo, con el edificio en funcionamiento. Para el próximo año hay presupuestada una partida de 1,5 millones de euros que servirán para iniciar las obras, que tendrán un carácter pluarianual. La consejera de Presidencia ha apuntado que se trata de “una obra de alcance en un edificio emblemático”.

La remodelación integral del también conocido como Palacio de los Condes de Morata será la última actuación del grupo más relevante de sedes judiciales que han sido reformadas en los últimos años. En 2023 se contemplan también actuaciones en los juzgados de Boltaña, con la instalación de un ascensor o mejoras en la eficiencia energética, y otras como la renovación de equipos de producción prevista para los juzgados de Jaca o mejoras de condiciones bioclimáticas en los juzgados de La Almunia y Monzón.

Junto a esto, la reunión ha servido también para dar a conocer la intención del Gobierno de Aragón de crear un nuevo juzgado de Primera Instancia en Zaragoza, que sería el número 23 y para el que también se reserva una partida en los presupuestos autonómicos de 2023, en este caso de 244.174 euros. Como ha recordado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, la iniciativa constituye “una petición que el presidente del TSJA planteó en la Apertura del Año Judicial”. A través de ella, la Dirección General de Justicia dará respuesta al incremento de las cargas de trabajo asumidas por los juzgados de Primera Instancia del partido judicial.

Con este, el Gobierno de Aragón habrá puesto en marcha en las dos últimas legislaturas cuatro nuevos juzgados: el de Primera Instancia nº 22, el Social nº8 y el tercero de Violencia de Género, más el que se prevé poner en marcha el año que viene. Además, se han creado tres plazas de magistrados en las audiencias provinciales para imprimir más ritmo a la resolución de recursos.

"Cooperación leal"

Para terminar, Mayte Pérez ha querido hacer balance y ha destacado “el grado de cooperación y colaboración con el TSJA en estos años”. “En 2015, en el Gobierno de Aragón tuvimos la pretensión de modernizar la Administracíon de Justicia y esto ha sido posible gracias a la iniciativa del Ejecutivo, pero también al compromiso y a la cooperación leal del ecosistema judicial”, ha señalado la titular de Presidencia.

Mayte Pérez ha recordado que, en la actualidad y fruto de ese proceso de modernización, “un expediente puede ser digital desde su nacimiento hasta su notificación, algo que es también fruto de la colaboración con jueces, fiscales y letrados”. Todas las mejoras han permitido que Aragón pueda “liderar la modernización del sistema judicial a nivel nacional e incluso internacional”, ha añadido la consejera de Presidencia, que ha aludido a que en mayo de 2023 la comunidad tendrá “todos los registros civiles digitalizados” y que Teruel “ya fue ya la primera provincia española en hacerlo”.