El Gobierno de Aragón suscribe junto a los agentes sociales una declaración institucional para buscar la mejora de la financiación

El Gobierno de Aragón y las organizaciones empresariales y sindicales han suscrito hoy un decálogo sobre la financiación autonómica en el que se avalan las tesis del Gobierno de Aragón a la hora de negociar una revisión del sistema que sea justa y atienda a las necesidades de la Comunidad Autónoma. El Ministerio de Hacienda y Función Pública abrió de manera oficial la revisión del sistema de Financiación Autonómica -- pendiente desde 2014-- el pasado 3 de diciembre cuando remitió a las autonomías un documento sobre el cálculo de la población ajustada, que deberá ser devuelto con las aportaciones que se consideren pertinentes antes de que concluya el mes.

El Gobierno de Aragón, que reconoció unas “buenas expectativas” de partida con el primer documento técnico remitido por el Ministerio, advierte de que no se trata de una propuesta general de reforma, sino de un aspecto parcial que define la manera de calcular la población ajustada, una variante que determinará las necesidades de gasto de los servicios fundamentales.

De la misma manera, y ante lo que se prevé un debate largo e intenso con las comunidades, ha buscado desde el primer momento el mayor consenso de las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad para que las tesis del Gobierno de Aragón lleguen al debate del Parlamento sin disonancias y con el mayor aval posible.

Aportaciones

Así, el Gobierno de Aragón ya hizo partícipes a los grupos parlamentarios del primer documento técnico sobre la población ajustada, abriéndolo a la presentación de aportaciones que se deberán estudiar en una próxima sesión de trabajo. De la misma manera, y en el transcurso de la VI Cumbre Empresarial por la Competitividad, tanto los empresarios como las organizaciones sindicales, mostraron su predisposición a respaldar la posición del Gobierno de Aragón en el proceso de revisión del sistema.

El decálogo, que ha sido suscrito por el presidente de Aragón, Javier Lambán, el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE-Aragón), Ricardo Mur; el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME), Aurelio López de Hita; el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey y el secretario general de CC.OO Aragón, Manuel Pina, asegura en su punto final que el objetivo de la revisión del sistema de financiación debe ser conseguir “cubrir el coste real de los servicios fundamentales y no fundamentales”, rompiendo con las carencias estructurales que han afectado siempre a la financiación autonómica.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, destacó durante el acto de la firma de la declaración institucional la importancia de contar con el apoyo de los agentes sociales: "El debate sobre la financiación autonómica debe entenderse como algo que trasciende al Gobierno y a las fuerzas políticas, porque concierne a la sociedad entera y los agentes sociales son unos actores cruciales. Hoy es un hito fundamental porque los agentes sociales nunca se habían incorporado a esta dinámica que definirá el futuro del país y que fortalecerá nuestra posición para reclamar en Madrid lo que nos corresponde”.

Suficiencia y sostenibilidad

El manifiesto reclama una actualización que garantice la suficiencia y la sostenibilidad del sistema, así como la autonomía financiera, la responsabilidad fiscal y la lealtad institucional, además de abordar el nuevo sistema desde el respeto a lo que en esta materia señala el Estatuto de Autonomía de Aragón, el dictamen de mayo de 2018 de las Cortes de Aragón, que elaboró la Comisión especial de estudio del nuevo sistema de financiación y los acuerdos institucionales alcanzados con otras comunidades, tanto en la reunión de Zaragoza de 2018, como en la de Santiago de Compostela del pasado noviembre.

El presidente Lambán recalcó la necesidad de abordar este trabajo de futuro de la mano de esas autonomías que presentan los mismos problemas y aspiraciones que Aragón. ”Todas las comunidades adolecemos de una falta clamorosa de recursos y los necesitamos para afrontar una segunda etapa de desarrollo autonómico, aunque podemos estar orgullosos de que el Gobierno de España haya hecho suyos los criterios del Gobierno de Aragón, pero debemos seguir perseverando y nuestro propósito es seguir andando este camino con el resto de comunidades autónomas con las que ya hemos suscrito declaraciones institucionales en Zaragoza y en Santiago, no para buscar privilegios sino la igualación de todas las comunidades autónomas”.

Los firmantes reconocen que el informe remitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre las bases de cálculo de la población ajustada “avanza” en las reivindicaciones de la Comunidad Autónoma, sobre todo en lo que supone realizar los cálculos de gasto a través de la variable de la población ajustada en detrimento de la población per cápita, o en la inclusión de variables geográficas o demográficas, tales como superficie y dispersión, o la que trata de compensar los costes fijos, para las que, no obstante, se proponen ponderaciones mayores.

Asimismo, y en relación con la demanda de nuevas comisiones de expertos que sirvan para calibrar esta y otras variables, el presidente de Aragón destacó que en los pronunciamientos de Aragón “nunca hemos trabajado al margen de los criterios de los técnicos. En este momento, se evalúa el documento del Ministerio a partir de lo que nos dicen los expertos del Gobierno de Aragón. Además, tomamos como base para perfilar un sistema idóneo de financiación el dictamen de las Cortes de 2018, que ya fue elaborado por expertos en la materia y que aportan criterio”.

Finalmente, los representantes del diálogo social junto al Gobierno de Aragón piden un escenario de equidad para el nuevo sistema de financiación, que garantice el mismo nivel de acceso a los servicios públicos por parte de todos los españoles, así como un acuerdo generalizable y asumible por todas las comunidades.

El manifiesto deja constancia además del deseo de que los asuntos que tienen que ver con la financiación de la comunidad autónoma tengan un espacio de debate bilateral, entre la comunidad y el estado, y otro multilateral, que favorezcan la transparencia.