Territorio y comarcas
Suárez: “La Reforma Local mejorará la prestación de los servicios”
El consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, ha comparecido esta tarde ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para mostrar la posición del Gobierno de Aragón con respecto a la Reforma Local impulsada por el Gobierno central. Suárez ha recordado que la superficie de Aragón comprende el 10% del territorio nacional, con una población inferior al 3% del total y con una gran dispersión donde solo cuatro municipios, incluidas las tres capitales de provincia, sobrepasan los veinte mil habitantes, además de una elevada tasa de envejecimiento. Por eso Suárez ha puesto de manifiesto “la importancia que tiene esta reforma para nuestra Comunidad Autónoma, por la tremenda dificultad para llevar los servicios a todos los aragoneses”. El consejero aragonés ha afirmado que “esta reforma era necesaria para ganar en eficacia (calidad de los servicios) y en eficiencia (costes razonables) bajo el principio de una administración una competencia. Lo que se pretende es, precisamente, garantizar la prestación de todos los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad y costes”. Respeto al principio de autonomía municipal Suárez ha destacado que para la Comunidad Autónoma de Aragón es muy importante la autonomía municipal que es perfectamente compatible con el principio de estabilidad presupuestaria. En ese sentido el consejero ha afirmado que “es evidente que el Proyecto de Ley ha dado un paso de gigante respecto a los primeros borradores, eliminado el desafortunado coste estándar y apostando por el coste efectivo de los servicios públicos. Este último aporta transparencia respecto al coste de los servicios para conocimiento general de los ciudadanos, y da la posibilidad a las Diputaciones Provinciales o entes equivalentes para que voluntariamente puedan ofrecer la prestación de los servicios, y los Ayuntamientos voluntariamente también, los acepten. Por lo tanto, el principio de autonomía municipal queda, a este respecto, perfectamente recogido”. Por otra parte, ha continuado Suárez, “no solo se delimitan las competencias propias y las competencias delegadas, sino que también se enmarcan las impropiamente llamadas competencias impropias, de forma que éstas puedan desarrollarse si se cumplen tres requisitos básicos: Desarrollar las competencias propias, que no se dupliquen los servicios que prestan otras administraciones y que se cumpla la estabilidad presupuestaria”. En relación con los secretarios e interventores, estando de acuerdo básicamente con la recuperación de competencias a favor del Estado, Suárez ha reclamado que se reconozca “la necesidad por parte de la Comunidad Autónoma de intervenir en la oferta pública de plazas que efectúe el Ministerio y en la necesidad de que sea la normativa autonómica la que regule las formas de provisión temporal”. Modelo institucional y territorial propio de Aragón El consejero también se ha referido al modelo institucional y territorial propio de Aragón que “queda recogido en el Proyecto de Ley: municipios, comarcas y provincias. Tal vez pudiera ser conveniente desarrollar un poco más la disposición adicional quinta respecto al papel de las Comarcas”. Finalmente, respecto a la asunción de determinados competencias por parte de las Comunidades Autónomas, Suárez ha hecho dos precisiones: 1. La adecuación que hace el Proyecto de Ley, modificando la Ley 7/1985, recoge algunas competencias que ya desarrolla la legislación aragonesa de acuerdo con su Estatuto de Autonomía. 2. En relación con el resto de competencias, es evidente que deben ir ligadas a la reforma de la financiación autonómica, igual de importante que la reforma de la financiación local. Esto es tan esencial que la propia Ley lo reconoce en la disposición adicional decimoquinta, en relación con la educación, cuando todo queda supeditado a la financiación autonómica y local.
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