Acuerdo para orientación jurídica a las personas internas en prisiones de la Comunidad

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy autorizar al departamento de Presidencia el gasto plurianual de 93.074 euros entre 2018 y 2019 para el convenio a suscribir con el Ministerio de Interior y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón relativo a la orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en las prisiones de la Comunidad Autónoma.

La Ley 9/2007, de 19 de octubre, por la que se regulan el asesoramiento y orientación jurídicos de Aragón, derivados del derecho a tutela judicial efectiva, tiene como finalidad garantizar la cobertura de los servicios gratuitos a aquellas personas que, por algunas de sus características personales o económicas no puedan sufragar su coste.

La Ley comprende la regulación de los siguientes servicios:

-Asistencia y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI).

-Asesoramiento Jurídico Individualizado para Mujeres.

-Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.

La prestación de esos servicios se realiza por abogados colegiados en ejercicio y adscritos a tales servicios y con acreditada experiencia y formación especializadas conforme a los criterios establecidos por los Colegios de Abogados de Aragón, y se financian a través de subvenciones finalistas del Ejecutivo autonómico.

Las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria están enfocadas a proporcionar a la persona interna un primer consejo orientador, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen sobre diversas materias, así como información de la posibilidad de recurrir a otros sistemas de resolución de conflictos, a través de la mediación, con el fin de evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión en cada caso.

Las materias sobre las que se ofrece el consejo inicial incluyen:

-Orientación sobre el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario español, excluida la presentación de recursos en vía judicial, salvo el recurso de reforma ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria cuando no sea preceptiva la intervención de un letrado.

-Orientación previa a los procesos judiciales a quienes pretendan reclamar tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión, siempre que para estas actuaciones no tengan abogado previamente designado.

-Información a las personas internas de los requisitos de acceso a la justicia gratuita, facilitando los documentos a cumplimentar a tal fin.

-Tramitación, en el caso de presos de nacionalidad extranjera, de las instancias ante la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y demás organismos.

Para el cálculo del coste subvencionable se parte del numero propuesto por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de 156 actuaciones al año por cada una de las tres prisiones de Aragón, 468 en total, distribuyéndose el número de visitas proporcionalmente al número de reclusos de cada centro: 1.000 en Zuera, 250 en Daroca y 200 en Teruel. De ahí resulta la siguiente distribución proporcional de las actuaciones:

-Zuera, 70%: 328 actuaciones al año, 6,3 actuaciones a la semana, equivalente a cuatro letrados un día de la semana y dos letrados otro día.

-Daroca, 16,2%: 76 actuaciones al año, 2,5 actuaciones semanales, a prestar por un letrado a la semana y otro de refuerzo cada quincena.

-Teruel, 13,8%: 64 actuaciones al año por un letrado una vez a la semana.

El convenio tendrá una vigencia de dos años, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019.