Ampliado el plazo para resolver las ayudas a las víctimas del terrorismo

El Gobierno de Aragón acordó esta mañana ampliar el plazo en seis meses para la resolución y notificación de las indemnizaciones por daños personales a las víctimas y afectados por actos terroristas  incluidos en el ámbito de la Ley 4/2008 de Medidas a Favor de las Víctimas del Terrorismo y desarrollada posteriormente el 5 de septiembre de 2014 por el propio Gobierno de Aragón a través de una Orden de convocatoria de estas ayudas.   La Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia trabaja en estos momentos con 196 expedientes, que suponen un número de afectados superior ya que algunas de estas solicitudes incluyen a varios miembros de una misma familia.   La Ley 4/2008 tiene por objeto el reconocimiento de quienes hayan sufrido actos terroristas y estableció un conjunto de medidas y actuaciones destinadas alas víctimas del terrorismo consistentes en indemnizaciones por daños físicos y psíquicos, reparaciones por daños materiales, subvenciones, acciones asistenciales y distinciones honoríficas.   La ley atiende a las víctimas por actos terroristas ocurridos entre el  10 de agosto de 1982 y la fecha de entrada en vigor de la propia Ley, el 3 de julio de 2008. Posteriormente se amplió a retroactividad de la Ley hasta alcanzar como fecha inicial de los actos terroristas el 1 de enero de 1960.   En ejecución de esta Ley, el Gobierno de Aragón, a través del entonces consejero de Presidencia y Justicia, dictó la Orden de 5 de septiembre de 2014 por la que se abría el plazo de presentación de estas solicitudes, que resolverá el propio Gobierno de Aragón. El plazo de presentación finalizó el pasado 6 de marzo, por lo que el plazo de resolución finalizaba el próximo 6 de septiembre, plazo que ahora se amplia seis meses.   Los datos proporcionados en las solicitudes exigen un estudio y análisis de cada unos de los expedientes, así como la petición de informes aclaratorios de los datos proporcionados al no contar con los expedientes tramitados por el Ministerio del Interior y no disponer de toda la información precisa.