Aprobado el Decreto que regula los honorarios de las pruebas periciales

el procedimiento de abono de las pruebas periciales cuyo coste debe asumir la Administración de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, se regula la colaboración con los juzgados tribunales para la designación de los peritos en los procedimientos judiciales, tanto los que tienen la condición de personal al servicio de la Administración Públicas, como los de carácter privado.

Esta norma será de aplicación a las pruebas periciales practicadas en procedimientos seguidos ante órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma aunque se haya reconocido el derecho a la Asistencia Jurídica  Gratuita al solicitante de la prueba pericial, o cuando hayan sido acordadas por los órganos judiciales de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

El Decreto determina de forma homogénea aquellos supuestos en que corresponda al Gobierno de Aragón sufragar los gastos de estas pruebas periciales. Establece, igualmente, el procedimiento para la designación de los peritos primando la prestación del servicio con medios propios y la objetividad en la designación de los peritos privados y, finalmente, el establecimiento de unos módulos oficiales de costes de estos servicios periciales que permitan introducir criterios de racionalidad y eficiencia en el pago de los servicios.

Se establecen 14 categorías de pruebas periciales con un precio de 60 euros/hora y diversos máximos en función de la categoría de que se trate.

Desde el traspaso de competencias, la Comunidad Autónoma de Aragón asumió la función de dotar a los órganos judiciales de los medios necesarios para la realización de las pruebas periciales que requiera la actividad jurisdiccional, ya sea mediante personal propio o mediante la organización de un sistema que permita la designación de profesionales privados que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad pericial.