Aragón agiliza los contratos menores y facilita a las pymes el acceso

El Gobierno de Aragón ha iniciado con urgencia el proceso de desarrollo de la normativa de contratos del sector público impulsando, como ya se hiciera en 2011, la publicidad y competencia en los contratos de pequeña cuantía, los que celebra cualquier entidad del sector público por importes inferiores a 40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios y suministros.   Si en 2011 Aragón dio un paso decisivo al exigir la publicidad y concurrencia en contratos menores que superasen los 30.000 euros en contratos y los 6.000 en servicios y suministros y en 2017, mediante la Ley de Integridad y Ética Pública, suprimió los contratos negociados sin publicidad por razón de la cuantía, el Decreto-ley que hoy ha aprobado el Gobierno de Aragón permite la tramitación con publicidad y competencia de todos los contratos menores.   La tramitación abierta de contratos menores será ahora muy rápida, mejorando la transparencia y la competencia entre operadores, proporcionará mayores posibilidades a autónomos y pequeña y mediana empresa y, al no resultar excluida ninguna empresa que cumpla los requisitos por el mero hecho de haber sido antes contratista, protegerá la estructura empresarial de todo el territorio aragonés, muy débil en ocasiones, objetivo totalmente coherente con las políticas de lucha contra la despoblación.   Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para ejercer en representación de la Comunidad las acciones judiciales necesarias para solicitar la nulidad de la aplicación a los consumidores aragoneses de suplementos territoriales de los peajes de acceso a la electricidad como consecuencia de determinados impuestos autonómicos de carácter medioambiental.   El Gobierno ha decidido impugnar en la vía contencioso-administrativa la orden estatal ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para su fijación en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013.   La normativa estatal que va a recurrir el Gobierno de Aragón se circunscribe al ejercicio de 2013 y los suplementos territoriales autorizados afectan por tanto a los tributos autonómicos vigentes entonces, que en el caso de Aragón eran el Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) y el de Emisión de Sustancias Contaminantes a la Atmósfera. Aunque los recargos no se llegaron a cobrar porque hace falta una segunda orden ministerial, Aragón viene a recurrir preventivamente que el canon de saneamiento de 2013 y el impuesto de emisiones contaminantes se consideren impuestos que afectan al suministro eléctrico.   También respecto a las relaciones con el Gobierno de España, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para recordarle la obligación que tienen de acuerdo al Estatuto de Autonomía de Aragón de consultar las inversiones estatales que afectan a la Comunidad antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto para 2018 tramitan actualmente las Cortes Generales.   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén ha subrayado que, con independencia de que la Comisión Bilateral se reuniese el 27 de junio del año pasado por primera vez en cinco ahí, las relaciones bilaterales no se acaban ahí, sino que tienen que concretarse entre otras cosas en las inversiones del Estado.   El consejero Ha subrayado que, entre otras, Aragón reclama que el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo tenga entre Teruel y Sagunto doble vía electrificada como en el tramo al Norte en vez de una vía simple y sin electrificar, así como el desdoblamiento de la N-232 en todo su recorrido o la construcción de las numerosas obras pendientes del Pacto del Agua. Y ha lamentado los bajos niveles de ejecución de las inversiones en 2016 y 2017, que ha dado por hecho que se repetirá en 2018 dada la tardía tramitación del proyecto de Presupuestos.       6,9 millones para vacunas   Por otra parte, en materia de Sanidad, el Consejo ha autorizado hoy a este Departamento la contratación del expediente y el gasto para el suministro de vacunas para los años 2018 y 2019, por un valor de 6,9 millones de euros, IVA incluido. Se trata de un contrato derivado del acuerdo marco para el suministro de vacunas realizado por el Ministerio de Sanidad, que en el caso de Aragón estará dividido en 13 lotes diferenciados.   Asimismo, se ha aprobado la celebración de los convenios del 2018 con las diferentes asociaciones que promueven la donación de sangre, a cargo del presupuesto del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. El pasado año en Aragón se registraron 42.762 donaciones de sangre, lo que permitió a la Comunidad ser autosuficiente para cubrir todas sus necesidades. Un 70% de estas aportaciones se realizó en los puntos móviles gestionados por las hermandades de donantes.     Luz verde al decreto de escolarización   En materia de Educación, el Consejo ha aprobado hoy el decreto de escolarización con el que se garantiza la distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (acneae) con el fin de asegurar la calidad educativa, conseguir una mayor cohesión social e igualdad de oportunidades.   El decreto recoge las medidas aplicadas ya desde el inicio de legislatura en esta materia, como son la reserva de plazas en todas las aulas para alumnado con necesidades específicas excepto en aquellos centros que superen un 20% de acneaes, que no tendrán reserva. También se mantiene la posibilidad de fijar ratios diferenciadas por zonas y centros.   Asimismo, se continúa trabajando en la detección temprana en colaboración con los ayuntamientos, para identificar así a los acneaes antes de que se incorporen al sistema educativo y sus familias puedan tener toda la información y orientación antes de que comience el curso.   Por otra parte, se ha aprobado la creación de una nueva escuela infantil en la localidad zaragozana de Villarreal de Huerva para el primer ciclo, de 0 a 3 años y la celebración de un convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Fundación Bancaria La Caixa por el que esta última entidad financiará los gastos de manutención y desplazamiento de los alumnos participantes en las aulas de tecnificación deportiva.   Igualmente se ha aprobado el convenio entre el Ejecutivo autonómico y la Universidad de Zaragoza para establecer líneas de colaboración relacionadas con la innovación tecnológica en la gestión de archivos. Ambas instituciones colaborarán en la celebración de encuentros, jornadas y congresos destinados al intercambio de información entre los especialistas de la gestión de archivos y la gestión documental, y los participantes obtendrán un reconocimiento académico de la Universidad de Zaragoza.

Por último, el Gobierno de Aragón ha dado hoy un nuevo paso en el proceso en curso para la creación de dos nuevos colegios profesionales en la Comunidad; los de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los correspondientes anteproyectos de ley, que a partir de ahora se someterán a información pública y audiencia a los interesados, junto a otros trámites, para la configuración de los proyectos de ley que volverán al órgano ejecutivo colegiado para decidir su remisión a las Cortes.