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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Justicia

Las Comunidades Autónomas ven en la formación una de las claves para que la mediación avance como alternativa al juicio

Mantuvieron en Zaragoza una reunión de seguimiento de los convenios firmados con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial

Representantes de 10 de las 12 Comunidades Autónomas que tienen competencias en materia de Justicia y que en su momento firmaron los correspondientes convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia celebraron esta mañana una reunión, a título de comisión de seguimiento, para evaluar los avances en materia de mediación a lo largo del último año y establecer una línea de trabajo futura.

Cada uno de los representantes de las Comunidades Autónomas hizo una breve exposición de la implantación de la mediación en sus respectivos territorios.

La directora de Justicia de Interior del Gobierno de Aragón, Mª Angeles Júlvez León, indició que estas reuniones de coordinación son imprescindibles para avanzar en la implantación de la mediación como sistema alternativo al juicio en todos los ámbitos, opción que tiene una importante implantación en varios países europeos.

La propuesta para el año 2018 se centró en dos cuestiones. Por un lado, la información y, en segundo término, la recogida de datos sobre la actividad relacionada con la mediación.

Sobre la formación, las Comunidades Autónomas acordaron trazar un plan estratégico común para asegurar que quienes forman parte de la Administración de Justicia -jueces, letrados y cuerpos de funcionarios- reciban la debida formación. Se habló igualmente de que las Jornadas Informativas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puedan abrirse a los funcionarios de la Administración de Justicia.

Las Comunidades Autónomas estuvieron de acuerdo en que las derivaciones y resultados de la mediación deben constar en las estadísticas judiciales y que los datos elaborados por el CGPJ figuren en las fichas que se anexionan a los convenios.

Se propuso igualmente la realización de encuestas de satisfacción de los ciudadanos, como aspecto fundamental para el análisis de la calidad de la mediación y que las administraciones competentes reciban estas encuestas,  además de garantizar que estas encuestas se cumplimenten de forma libre y voluntaria por parte de quienes acudan a este servicio.