El consejero Guillén apoya a los ayuntamientos del Pirineo en el conflicto de las centrales hidroeléctricas del Pirineo

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, se comprometió con los alcaldes de Bielsa, Miguel Angel Noguero; Aínsa, Enrique Pueyo,  y La Fueva, Ramón Laplana,  a apoyar ante el Gobierno de España la postura de los ayuntamientos pirenaicos en torno a las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos pirenaicos y la posibilidad de que los ayuntamientos puedan obtener alguna compensación económica por la ocupación de suelo municipal o local y autonómico. También estuvo en la reunión el exalcalde de Bielsa, Antonio Escalona.

Vicente Guillén ha encargado un informe jurídico sobre la situación legal de estas centrales hidroeléctricas en el momento en que se cumple el plazo concesional para trasladar esta cuestión a una previsible reunión de la Comisión Bilateral entre el Propio Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, antes del verano, tal y como se comprometió el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, en una reunión que mantuvo con el alcalde de Plan.

“Se trata de una cuestión importante para varios ayuntamientos de la provincia de Huesca y sobre la que en muchos casos no hay información suficiente ni fehaciente de los plazos en que cumplen estas concesiones. Hay legislación en la que se recoge claramente que los ayuntamientos han de participar de una u otra manera en estas centrales una vez que se cumple el plazo de concesión”, indicó Guillén.

En concreto, los ayuntamientos que cuentan con este tipo de instalaciones en sus términos municipales entienden que, una vez que se ha declarado la extinción de la concesión hidroeléctrica, deben asumir la reversión de los elementos patrimoniales de la explotación que, situados fuera del dominio público hidráulico, se encuentren ubicados en monte público local o autonómica.

Los ayuntamientos aspiran igualmente, según los casos, a obtener compensaciones económicas por la ocupación privativa del dominio público local por parte de estas instalaciones productoras de energía, una posición que también mantiene la Diputación Provincial de Huesca y el propio Gobierno de Aragón.