Consejero Guillén: “La no privatización de los registros civiles es una gran noticia pero ahora, en su implantación, se cargan los costes a las comunidades autónomas”

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, manifestó esta tarde que “la decisión por parte del Gobierno de España de no privatizar los registros civiles es una gran noticia pero se ha perdido un tiempo precioso para avanzar en los aspectos que la Ley del Registro Civil de 2011, que no llegó a entrar en vigor, contempla. Tenemos una cierta cautela con el proceso de implantación de la Ley porque al no poner el Ministerio de Justicia las herramientas adecuadas, ahora carga los costes a las Comunidades Autónomas”.

Según se dio a conocer esta tarde en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Justicia, la pretensión del Ministerio es no demorar la entrada en vigor de la Ley de 2011 del Registro Civil, que está prevista para el próximo 30 de junio, “pero el problema es que entrará en vigor a medias ya que la nueva Ley establece en vez de las actuales secciones, una página por individuo y de tipo informático y, en este sentido, no está preparado el Ministerio para ello”.

En el Preámbulo, la Ley contempla que la llevanza del Registro sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el Poder Judicial del Estado. Es decir, que se apuesta por un órgano más administrativo aunque con la consiguiente tutela y garantía judicial.

Sobre la creación de órganos judiciales a través de Jueces de Adscripción Temporal para atender las demandas sobre las cláusulas suelo, el consejero Guillén hizo referencia al techo de gasto al que ahora están sujetas las Comunidades Autónomas y a la necesidad de dotar de personal a estos nuevos servicios con el consiguiente coste para las arcas autonómicas.

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, otro de los puntos del orden del día, Vicente Guillén recordó que en la Comunidad Autónoma de Aragón existen 76 vacantes, de forma que si el Ministerio convoca oposiciones, “queremos que se oferten plazas de nuestro territorio”.

Sobre el Sistema de Gestión Procesal Común, el consejero mostró su disposición a colaborar con el Ministerio de Justicia para avanzar en su implantación. “Es el momento de trabajar en el convenio y contar ya con el cronograma y con un compromiso de fechas para su habilitación”

Por último, el consejero de Presidencia se refirió a las pruebas de acceso a la Abogacía e indicó que la Universidad de Zaragoza cuenta con más de 100 aspirantes, número a partir del cual ya se pueden celebrar las pruebas en la ciudad donde estos estudiantes han cursado los estudios y, por tanto, solicitará que la capital de la Comunidad Autónoma albergue estas pruebas sin necesidad de que los aspirantes tuvieran que realizar ningún desplazamiento.