Embid defiende la neutralidad de los poderes públicos ante el hecho religioso

El director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Julio Embid, ha participado este viernes en la IV Jornada de Libertad de Creencias organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y ha defendido “la necesaria e imprescindible neutralidad de los poderes públicos ante el hecho religioso, especialmente en un caso como el español, donde la Constitución recoge el principio de aconfesionalidad del Estado”.

La Jornada se desarrolla en sesiones de mañana y tarde en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Embid ha intervenido a partir de las 17:00 horas en el panel de las perspectivas de los poderes públicos dentro de la mesa redonda sobre 'La libertad de creencias en el ámbito autonómico y municipal" junto a Ignacio Celaya, coordinador general del Área de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

El director general de Relaciones Institucionales ha pronunciado una conferencia titulada justamente "la neutralidad de los poderes públicos ante el hecho religioso". Entre los numerosos asistentes, sobre todo estudiantes, se encontraba el subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Jaime Rosell, quien también había intervenido en la Jornada por la mañana. La Mesa vespertina ha continuado después con el panel de la perspectiva de las minorías religiosas.

En su exposición, Embid ha recordado que el carácter aconfesional de la Constitución española no es novedoso y ha destacado el precedente en 1791 de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que estableció el principio de libertad de culto y a la postre supuso “un modelo exitoso de multiculturalismo religioso construido a través de la estricta neutralidad del Estado”, a pesar de la paradoja de que en los billetes y monedas de un dólar figura la máxima ‘In God we trust” (En Dios creemos), lo que excluye a los ciudadanos que libremente no creen en ningún dios.

También ha recordado que la Constitución la Segunda República en 1931 establecía que “España no tiene religión oficial”, programaba la total extinción por ley del presupuesto del clero, supeditaba las órdenes religiosas a una regulación específica con sumisión a las leyes tributarias entre otras bases, y preveía la posible nacionalización de sus bienes. De ahí que la confesión religiosa mayoritaria en la España de los años 30 se opusiera al sistema democrático republicano y apoyase mayoritariamente el golpe de Estado militar de 1936, ha recordado.

“Afortunadamente –ha valorado Embid-, la Iglesia Católica Española del siglo XXI queda muy lejos de aquella Iglesia y la sociedad española (y la aragonesa) han madurado mucho como para reconocer tanto la existencia de otras confesiones arraigadas en nuestra tierra como a de aquellos para los que el hecho religioso no resulta determinante en sus vidas”.

El director general de Relaciones Institucionales ha esgrimido datos del Centros de Investigaciones Sociológicas (CIS) para recalcar que “desde el Gobierno de Aragón entendemos que el diálogo inter-religioso puede ser una herramienta más para fomentar la cohesión social y la convivencia pacífica y que hemos apostado por incorporar una línea de trabajo en el futuro Plan Integral de Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón que el Departamento de Ciudadanía está a punto de presentar”.

“Nuestra voluntad es que españoles y no españoles encuentren en Aragón un espacio de libertad y acogida donde puedan desarrollar su vida pública y privada sin ningún miedo de expresar creencias o convicciones”, ha añadido. Asimismo, ha destacado el aumento de personas irreligiosas (agnósticos, no creyentes y ateos), perseguidos o reprimidos en el pasado.

Embid ha recordado que tres de los cuatro líderes actuales de los principales partidos españoles han declarado públicamente su irreligiosidad, si bien respetan a quienes profesan alguna religión. “Creo que eso es imprescindible para aquellos que representamos a nuestros ciudadanos”, ha subrayado. En todo caso, ha insistido en que “hoy resulta imprescindible afirmar la neutralidad de los poderes públicos”.

El director general ha recordado las cada vez más frecuentes problemáticas asociadas con la apertura de nuevos centros de culto, los enterramientos y ritos funerarios de personas de diferentes religiones, las prácticas religiosas en los centros educativos o de salud, las presencias públicas de las autoridades o funcionarios en actos de carácter religioso, las demandas provenientes de cuarteles, hospitales o prisiones sobre el ejercicio o las prácticas religiosas en su interior, el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, la enseñanza religiosa en centros docentes, la práctica de usos alimentarios de carácter religioso en recintos públicos o la observancia de días de prefecto distintos al domingo.

“Son las distintas administraciones quienes deben dar respuesta o tienen que gestionar de la manera más adecuada posible a fin de evitar conflictos”, ha destacado Embid. Y ha concluido puntualizando algo a su juicio esencial: “Los derechos fundamentales son de las personas, no de las confesiones religiosas. (…) Son los españoles aquellos que son iguales ante la ley”.

“Las confesiones religiosas son sujetos derivados de la participación de determinadas personas en ellas y deben ser escuchados, pero no pueden imponer nada –ha remachado-. Y menos a aquellos que han sido elegidos democráticamente para elaborar y hacer cumplir la Ley”.