Galicia reunirá a ocho comunidades autónomas que tratan de llevar una voz única al Consejo de Política Fiscal y Financiera reclamando mayor financiación

Santiago de Compostela será el próximo 23 de noviembre la ciudad de reunión de ocho presidentes autonómicos, donde se reeditará la Declaración de Zaragoza de hace tres años, pero incorporando nuevos interlocutores, de modo que en esta cita participarán Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Aragón. Ampliar la nómina es buena noticia para el Presidente de Aragón, Javier Lambán, porque estima que los planteamientos adoptados tendrán más fuerza y estarán más apoyados cuando sean convocados al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Defienden un modelo de financiación que implica en sí mismo un “nuevo modelo de país donde los derechos y obligaciones sean iguales para todos y eso implica que la financiación de los servicios públicos sea la misma para todos. Lambán entiende que antes es fundamental saber cuánto cuesta prestar los servicios y pone como ejemplo a Aragón, donde con una baja densidad de población y además bastante envejecida, es mucho más elevada que en comunidades con densidad más alta de población o más joven.

Es previsible que en Galicia se ratifique el acuerdo entre las comunidades que comparten esa visión y que siempre han planteado que es un problema de doble cara, el de la financiación y la despoblación. El presidente aragonés considera que en la España rural abandonada aún quedan asignaturas pendientes pese al impulso recibido durante los años de la democracia en cuanto al aumento de la calidad de vida y la prestación de mayor número de servicios, así como en derechos y oportunidades de vida, gracias a la acción continuada y conjunta de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Con respecto a la diferencia de posiciones entre las comunidades a la hora de primar unas u otras variables en la nueva financiación, Lambán cree que, más allá de esta reunión de las comunidades de interior que comparten el problema de la despoblación, todas las comunidades -tanto las reunidas en Santiago como las reunidas en Valencia y que son más pobladas- estarán de acuerdo en que, independientemente de los criterios de reparto del dinero, la financiación en sí misma es “insuficiente radical y manifiestamente”. Ha puesto como ejemplo que los presupuestos de todas las comunidades aprobados cada año se ven más mermados a la hora de sostener los tres pilares del estado de bienestar encomendados a las autonomías: la educación, la sanidad y los servicios sociales porque los gastos son crecientes y queda escaso margen para la inversión. Ha puesto como ejemplo el incremento exponencial del gasto en sanidad, a lo que se suma el envejecimiento de la población que repercute en el encarecimiento de la atención personal, y la suma de más número de tratamientos y farmacología más cara. “Eso significa que o, bien se toman medidas muy radicales desde el punto de vista de la financiación o llegará el momento de que las comunidades autónomas directamente no podrán prestar esos servicios y en esto el Gobierno de España nos tendrá a todos en la misma posición de reclamar una solución a corto plazo, incluso para el año 2022”, ha concluido Lambán.

El Presidente de Aragón entiende que nadie puede salir con menos dinero a recibir del que disponga al entrar en la negociación de la nueva financiación y ha recordado que el cálculo de revisión del sistema que diera satisfacción a todos no sería menor a 17 o 18.000 millones de euros y ha insistido en que no sirven aportaciones coyunturales al presupuesto, como pueden ser los fondos europeos MRR, sino que deben ser estructurales, lo que implica asumir decisiones de más calado. No obstante, considera que las comunidades juegan con desventaja para prestar sus servicios en comparación con el Estado, que a la hora de gestionar el cuarto pilar del estado (las pensiones) puede ir cubriendo el sobrecoste que conllevan, disponiendo de instrumentos legales y económicos para hacerles frente, mecanismos de los que no disponen las comunidades.

Con respecto a Aragón, Lambán ha recordado que sería necesario actualizar entre 400 y 600 millones de euros más para tener resueltos los problemas de financiación de los servicios, sin entrar en los problemas de inversión que también conlleva gastos suplementarios en una comunidad tan extensa geográficamente, donde atender muchos kilómetros de carreteras e infraestructuras pendientes requiere atenciones presupuestarias que ahora son claramente insuficientes.

El Presidente de Aragón acudirá a la cumbre de Galicia acompañado por los consejeros de Presidencia y de Hacienda, Mayte Pérez y Carlos Pérez, respectivamente.