El Gobierno de Aragón, la FAMCP y Gas Natural Fenosa acuerdan evitar el corte del suministro electro o gas a familias en riesgo de urgencia social

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio marco entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Gas Natural Fenosa para la protección de las personas y familias en la comunidad autónoma de Aragón en situación de vulnerabilidad o urgencia social.   El objetivo del mismo es evitar la suspensión del suministro de gas y/o electricidad o garantizar el restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una prestación económica de carácter social  destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia.   El procedimiento para evitar el corte del suministro se basará en un informe de los servicios sociales de las administraciones locales. Cuando estos detecten el caso de una persona a quien Gas Natural Fenosa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación en la que se encuentra esta persona para determinar su puede ser beneficiario de la prestación. Si es así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Gas Natural Fenosa.   Este convenio se suma a los que firmaron en meses pasados el Gobierno de Aragón y la FAMCP con Endesa, Iberdrola y Multienergía Verde y que evitaron el año pasado el corte de suministro a más de 7.000 familias en Aragón.      Escolarización en Huesca   Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca para cooperar en la identificación del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, por razones socioeconómicas o de cualquier otra índole, con el fin de mejorar la escolarización en la ciudad de Huesca a partir del curso 2017/2018.   De este modo, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca aúnan esfuerzos para proporcionar a las familias una adecuada información y favorecer la escolarización equilibrada del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos que mejor puedan atender sus necesidades educativas y sociales. Lo harán mediante la cooperación y el impulso de acciones coordinadas entre las administraciones municipales y autonómicas competentes en materia de servicios sociales y educación. Como primera medida, las dos administraciones crearán una comisión para la coordinación, identificación del alumnado con necesidades e información a las familias, entre otras actividades.   Radios comunitarias   Finalmente, el Consejo de Gobierno acordó esta mañana solicitar la asignación de dominio público radioeléctrico al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la prestación del Servicio Radiofónico Comunitario sin ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma de Aragón.   La Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual es el marco normativo por el que se rige el sector audiovisual en España y en su artículo 32 establece la existencia de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.   Esta normativa establece que “las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En todo caso, estos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial”.   El punto 2 de este mismo artículo señala que “la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”.

Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos si los hubiere. Salvo autorización expresa, los gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de comunicación televisiva y de 50.000 euros el supuesto de comunicación radiofónica.