Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León reclaman al Ejecutivo central que, tal y como indican las directrices sobre ayudas regionales para el periodo 2022-2027, las áreas poco pobladas adyacentes a Teruel, Cuenca y Soria también puedan acceder a las subvenciones para las empresas que son susceptibles de recibir estas tres provincias. Así lo han hecho constar en una solicitud conjunta que van a remitir al Gobierno de España tras la reunión mantenida este jueves en la localidad turolense de Albarracín.

En el caso de Aragón, esta posibilidad beneficiaría no solo a las tres comarcas zaragozanas que lindan con Teruel y tienen una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –Campo de Belchite, Campo de Daroca y la Ribera Baja del Ebro–, sino también a la del Aranda, e incluso Calatayud, que encaja asimismo con la catalogación de poco poblada y hace frontera con Soria.

En el caso de Castilla-La Mancha también pasa por incluir amplias zonas de la provincia de Guadalajara como la Sierra Norte, Señorío de Molina y La Alcarria.

Esta no es la única petición que plantean los tres gobiernos regionales en la mencionada solicitud. Reclaman del mismo modo que los parámetros que marcan las nuevas directrices, publicadas por la Comisión Europea el pasado 19 de abril, entren en vigor en cuanto el Ejecutivo comunitario apruebe el nuevo Mapa de Ayudas, sin esperar al año que viene. Hay que recordar que estas ayudas al funcionamiento pueden llegar a suponer el ahorro de hasta un 20% en los costes laborales de las empresas instaladas en las zonas susceptibles de recibir estas exenciones, ya en vigor en áreas muy poco pobladas de los países nórdicos.

Dado que mañana se celebra una conferencia sectorial de los consejeros autonómicos con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, donde se trabajará sobre el documento de 130 medidas para hacer frente a los problemas derivados de la despoblación, el presidente Lambán ha avanzado que en la reunión de hoy han valorado pedirle la reunión de las ocho comunidades autónomas que padecen el reto de la España del interior. Es decir, a Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha, quieren sumar a Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura porque todas ellas "tenemos mucho que aportar en esta materia", ha asegurado Lambán.

Prácticamente todas las Regiones tienen sus estrategias o normativas de dinamización del medio rural aprobadas o en fase de redacción al margen de la Estrategia de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, por lo que el presidente aragonés ha invitado al Gobierno central a seguir la estela de las comunidades sin tener que recurrir a otros actores y que ofrezca respuestas concretas. Las demandas de la España interior pasa por una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios que se prestan en estas comunidades, que pueden llegar a incrementarse hasta cuatro veces más que en otras. Igualmente, ha propuesto avanzar hacia una PAC que elimine los derechos históricos, así como en el apoyo a otros sectores estratégicos vinculados, como la Agroalimentación y la creación de regadíos, así como las energías renovables, que además de ser reguladas deben servir para impulsar el desarrollo de las zonas en las que se instalan e incluso generar beneficios en sus propios consumos eléctricos.

Lambán se ha mostrado partidario de cambiar el término de España "vaciada" porque "hace un flaco favor a la defensa del medio rrural y emplaza a soluciones irrealizables". A su juicio, hay que pensar en paradigmas de la economía actual para aplicar las políticas más necesarias.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el impulso conjunto de las tres comunidades autónomas a las políticas para afrontar el reto demográfico. En concreto, en Castilla y León ha significado la apuesta por unos servicios de calidad en el mundo rural, con consultorios locales cerca de la gente, con escuelas abiertas con tres o cuatro alumnos, así como unos servicios sociales y de dependencia avanzados, con ayudas de vivienda, de transporte, con políticas de conciliación y de impulso a la natalidad. Y, en tercer lugar, una fiscalidad inteligente, moderada y favorable al mundo rural.

“Trabajamos las tres comunidades juntas pero necesitamos de la Unión Europea y del Gobierno de España”, ha señalado, por lo que el reto demográfico debe estar en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes, abordando, entre otros temas prioritarios, el nuevo modelo de financiación, que debe estar basado en criterios demográficos, como la baja densidad de población, la natalidad, la dispersión y el envejecimiento.

Además, Fernández Mañueco ha afirmado que debe avanzar también en la aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Y apostar por unos fondos europeos de nueva generación que atiendan al reto demográfico y que lleguen a la España de interior.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que “no hay cohesión social sin cohesión territorial”, al tiempo que ha advertido que la prestación de los servicios públicos “se pueden objetivar”. García Page también ha defendido la inclusión de nuevas zonas porque a su juicio, “es de justicia que las zonas adyacentes de Teruel y Cuenca que presentan las mismas características reciban el mismo trato”.

La declaración de Albarracín

En su petición, los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León recuerdan que vienen trabajando de forma coordinada con el objetivo común de reducir las desigualdades que se derivan de los desafíos demográficos y mantener la cohesión social, económica y territorial, acción a la que debe encaminarse la Unión Europea sobre la base al art. 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Y explican que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel llevan décadas sufriendo un intenso y progresivo fenómeno de despoblamiento con muy baja densidad demográfica, tal y como muestran los indicadores demográficos básicos, lo que hace que su situación económica sea extremadamente desfavorable en relación con el conjunto de la Unión Europea. Esta problemática –refieren en la comunicación– no es exclusiva de las tres provincias, sino que es común a los territorios poco poblados adyacentes y contiguos.

Llegado el momento de revisar las Directrices de Ayuda de Finalidad Regional (DAR) de la Unión Europea para el periodo 2022-2027, las tres autonomías adoptaron un planteamiento conjunto con objeto de que la UE reconociese a las tres provincias como zonas desfavorecidas en términos de desarrollo económico en virtud de los artículos 107.3.a) y c), conjuntamente con los puntos 166 a 169 de las Directrices sobre ayudas estatales con finalidad regional.

De esta forma, suscribieron una solicitud conjunta en Soria, el pasado 3 de julio de 2020, por la que solicitaron que estas áreas recibiesen la consideración de zonas con muy baja densidad de población, por tener menos de 12,5 hab/km2, y tuviesen derecho al régimen de compensación reconocido a determinados países nórdicos.

Por otra parte, hicieron llegar a la Comisión Europea a través del Gobierno de España su planteamiento conjunto para que fuese tenido en cuenta en la elaboración de las nuevas Directrices.

Retos territoriales comunes

Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León son ejemplo de coordinación para abordar mejor los retos territoriales comunes. Y ejemplo también de políticas concretas para mantener los servicios y generar oportunidades de crecimiento y empleo en el medio rural.

Aragón está legislando en favor del medio rural y no sólo a través de una ley de dinamización en fase de anteproyecto, sino que sectorialmente se ocupa de manera prioritaria en toda su producción legislativa: en este momento se están tramitando normativas relativas a economía social, financiación local, agricultura familiar, emergencias, familias, nueva economía de cuidados etc, que incorporan la perspectiva del reto demográfico en el medio rural.

La ley de dinamización del medio rural de Aragón se encuentra en fase de redacción de anteproyecto y la previsión es que entre en las Cortes de Aragón en el cuarto trimestre.

En cuanto a la aplicación de medidas, Aragón ha ejecutado el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 prácticamente al 100% con inversiones millonarias que han conseguido instalar a 1.600 agricultores, poner en riego más de 28.000 hectáreas con una repercusión en creación de 1.599 puestos de trabajo directo. El sector agroindustrial, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha generado 3.200 empleos y las políticas leader también han contribuido a dinamizar también el medio rural con la creación de 1.200 puestos de trabajo.

La delegación de Aragón

La reunión de las tres comunidades en la localidad turolense de Albarracín ha contado con la participación de una delegación de Aragón compuesta por Mayte Pérez, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y Javier Allué, comisionado para la despoblación del Gobierno de Aragón. Además, han estado Manuel Rando, presidente de la Diputación Provincial de Teruel; Inocencio Martínez, presidente de la Comarca de la Sierra de Albarracín; José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno en Teruel y Benito Ros, delegado territorial de Gobierno de Aragón en Teruel.