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El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expuesto, durante la celebración de la séptima videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, que se tome como referencia la unidad del municipio a la hora de plantear el retorno gradual a la normalidad. En el caso de Aragón, ha puesto como ejemplo que la provincia de Zaragoza copa el 65% de la incidencia de coronavirus pero 280 municipios zaragozanos reúnen las mismas características del medio rural de Huesca y Teruel. Por ello, ha considerado “más adecuado” tener en cuenta el tamaño demográfico, proponiendo comenzar por municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Aragón son el 95% municipios y un 22 % población. Según los técnicos de sanidad del Gobierno, aplicando este criterio existe masa crítica suficiente para hacer evaluaciones y adoptar medidas concretas y científicas. Todo ello, teniendo en cuenta la incidencia y los operativos previstos para hacer seguimiento en los primeros días de vuelta a la normalidad.

Aunque ha reconocido ventajas en el medio rural como el no contar con transporte público ni aglomeraciones, también entrañará dificultades la utilización de vehículo privado para ir a trabajar, si no se adoptan medidas necesarias específicas.

Renta Mínima Vital

El Presidente de Aragón ha comenzado su intervención pidiendo que se acelere la llega del ingreso mínimo vital a los destinatarios porque cada día hay más familias con necesidades vitales que acuden a los ayuntamientos y otras instituciones en busca de recursos mínimos para comer.

Reactivación económica

Javier Lambán ha vuelto a poner el acento en la reactivación económica. Tras recordar que la semana pasada plateaba un rescate nacional del sector turístico, hoy ha abundado en ello, defendiendo medidas de resistencia y solventar imperfecciones que pueden enmendarse, como lo relativo a los alquileres de locales, ya que tal como se contempla en el RD, de 21 de abril de ampliación de medidas complementarias para apoyar la economía y el empleo, no se prevé la exclusión de pagos. Ni la ley de arrendamientos ni el código civil prevé causa alguna de exclusión de pago por causas de fuerza mayor y sin embargo, en muchos casos, existen razones suficientes para poder recurrir a los tribunales, aduciendo la falta de ingresos, si previamente el gobierno los ampara vía decreto.

También se ha hecho eco de peticiones del sector aragonés, reclamando que los ERTEs se amplíen seis meses más por razón de fuerza mayor después del Estado de Alarma y que luego se puedan seguir ampliando con la recuperación de la actividad productiva. Todo ello, en gerneral para todos los ERTEs, buscando la seguridad de los trabajadores pero protegiendo también a las empresas.

Con respecto al sector de la automoción, que también tiene un importante peso en la economía aragonesa ocupando a miles de trabajadores, ha pedido medidas de reactivación para complementar su capacidad exportadora. Tras la vuelta a la normalidad de la actividad industrial, precisa de la apertura de los concesionarios de coches para canalizar la producción, tal como ha hecho Alemania desde el día 26, ya que Aragón compite en el mercado internacional y esta limitación le puede hacer perder posiciones.

Unión Europea

Lambán ha reparado en la importancia de las políticas de la Unión Europa, que parece ir en la buena dirección si llega el billón y medio de euros, lo cual es definitivo porque las comunidades autónomas, que están en primera línea atendiendo las necesidades ciudadanas, serán requeridas más allá de sus propias competencias y necesitarán inyecciones adicionales, una vez que las tesorerías autonómicas estén prácticamente vacías por hacer frente a la pandemia, por lo que también ha pedido permitir mayor endeudamiento para reactivar la economía.

Reforma de la legislación

El Presidente de Aragón ha defendido la colaboración público-privada para salir adelante tras la pandemia y para ello, cree que España “tiene la obligación y la oportunidad de acometer reformas estructurales de nuestra legislación”.

En Aragón está en marcha un Plan de Recuperación Económica y Social y se quiere colaborar con las empresas con una simplificación fuerte de la regulación normativa. En los últimos años, ha advertido, se ha producido tal “metástasis legislativa” que se ha convertido en una traba para la actividad económica y la inversión. Por ello, propone simplificar o incluso, deslegislar, con el fin de ayudar más a los inversores y sectores productivos. En este sentido, ha propuesto homogeneizar procedimientos, suprimir trámites superfluos, automatizar la actuación administrativa y además, reformas en la legislación estatal “que hacen inviables los afanes autonómicos”. A su juicio, hay que cambiar leyes de procedimiento administrativo y régimen jurídico o la normativa de subvenciones.

También para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a la hora de contratar con la administración, ha reclamado modificar la Ley de Contratos del Sector público, a la que ha calificado de ser la ley de los grandes contratistas”. Además de considerarla muy compleja, considera que reduce el número de aspirantes pues, tras dejar el camino libre a las grandes empresas, el resto del tejido empresarial solo puede aspirar a subcontratar, mientras que a las administraciones también las deja “a los pies de los caballos porque siempre nos ganan en los tribunales”.