El presidente Lambán remite a los líderes nacionales el catálogo de reivindicaciones aragonesas

La contemplación de la deuda histórica, el cumplimiento de la bilateralidad en las relaciones entre el Gobierno de España y Aragón;  la culminación de las obras del Pacto del Agua y la conclusión de otras inversiones públicas; la referencia o consideración  de la Comunidad Autónoma de Aragón como cauce institucional que recupere el diálogo entre el Gobierno de Madrid  y Cataluña; la intervención del Gobierno de España para la definitiva solución del conflicto de los bienes religiosos; el reforzamiento de Zaragoza como núcleo logístico del sur de Europa; la mejora de las conexiones ferroviarias; la observancia del problema demográfico; y la habilitación de un nuevo sistema de financiación autonómica son los aspectos más importantes de la carta que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha remitido a los líderes de los partidos políticos nacionales  y a los diputados y senadores aragoneses como catálogo de las reivindicaciones aragonesas ante el gobierno que salga del actual proceso de investidura o de una nuevas elecciones.   Del contenido de la carta ha hablado esta mañana el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que compareció junto al consejero de Hacienda, tras el consejo de Gobierno en el que se tomó conocimiento de la Ley de Función Pública y se acordó el pago del 25% de la paga extra de 2012 en la nómina del próximo mes de abril.   El consejero Guillén fue taxativo. “El objetivo de déficit es imposible de cumplir y la deuda de las Comunidades Autónomas no deja de crecer año tras año. Si no hay pronto un nuevo sistema de financiación autonómica se pone en un grave peligro la prestación de los servicios públicos esenciales por parte de las comunidades autónomas. De la misma forma, hay que revisar el margen del déficit y su distribución entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas. En estos momentos, con el actual sistema, la deuda de las Comunidades Autónomas es impagable y habrá que buscar una fórmula para reducir esta deuda por parte del Gobierno de España pero a través de una reducción proporcional al PIB y no al montante global de la deuda de cada Comunidad”.   Ley de Función Pública   El Consejo de Gobierno tomó conocimiento del anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, una norma que actualiza y moderniza la vigente y limitada regulación de 1986 y que pretende sentar las bases para disponer de una administración más eficiente para prestar mejores servicios a los ciudadanos durante al menos las dos próximas décadas.   Por esta razón el propósito del Gobierno es buscar en los próximos meses el máximo consenso, primero social a través del proceso de información pública al que se someterá el anteproyecto, y después político a través de su debate parlamentario una vez se envíe el texto a las Cortes ya como proyecto de ley.

La ley afecta a más de 75.000 trabajadores públicos, casi un 20% de la población laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón