Respaldo territorial a la creación de la Comarca Central

El Consejo de Cooperación Comarcal, órgano consultivo, deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y estas entidades supramunicipales, ha dado hoy su visto bueno al Anteproyecto de Ley de la Comarca Central.

Se trata de un nuevo avance en la tramitación administrativa del anteproyecto dentro del actual periodo de información pública, que comenzó a mediados de febrero y que está previsto concluir a mediados de junio, con la intención de que una vez el texto legal cuente con todos los informes necesarios vuelva al Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley si es posible en el actual periodo de sesiones.

La próxima semana el documento legislativo se someterá al dictamen, igualmente preceptivo, del Consejo Local, órgano más reducido de colaboración y coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las organizaciones representativas de las entidades locales de la Comunidad Autónoma.

La Comarca Central supondrá la culminación de la organización territorial de la Comunidad junto a la Ley de Capitalidad ya en marcha y el futuro Fondo Aragonés de Financiación Municipal (FAFM). En este sentido, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión su "gran satisfacción por la consolidación del mundo local y el cierre de la arquitectura institucional de Aragón".

La creación por ley de la Comarca Central reforzará la capacidad de autoorganización de los municipios que la componen, cuya suficiencia financiera garantizará el Gobierno de Aragón para que puedan prestar en las mismas condiciones que el resto de comarcas de la Comunidad los servicios propios, fundamentalmente en las materias de acción social, deportes o protección civil.

Su creación está pendiente desde la creación durante la década pasada de 32 de las 33 delimitaciones comarcales definidas en la ley de Delimitación Comarcal de Aragón; todas a excepción de la correspondiente a la Delimitación Comarcal de Zaragoza.

Por eso es conocida también como la Comarca 33, conforme al orden cronológico de creación, aunque en la designación oficial establecida en su día fuera la 17. Está integrada por 21 municipios: Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Pueba de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zuera y Zaragoza capital.

Los respectivos ayuntamientos impulsaron en su momento la creación de esta comarca mediante acuerdos plenarios, a excepción de Villanueva de Gállego, donde se produjo un empate que resolvió el voto de calidad del alcalde. No obstante, todos los portavoces sin excepción de los grupos políticos en la Mancomunidad Central aprobaron en su momento la memoria del anteproyecto de esta ley.

La sede de la Mancomunidad, Utebo, será también la de la futura Comarca Central.

Ley de Discapacidad

Por otra parte, el Consejo de Cooperación Comarcal ha emitido igualmente un informe –preceptivo, aunque no vinculante- sobre el Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que igualmente se encuentra en tramitación administrativa.

El objetivo de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad es avanzar en la regulación autonómica con una ley que garantice que, tanto el marco normativo vigente, como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad, las sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y remueva los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos.

Se trata de dar respuesta así a las reivindicaciones del ámbito de la discapacidad y de dotar a Aragón de la primera norma autonómica que promueva los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se incide especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de las personas con discapacidad.

Asimismo, la norma quiere impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a hombres y mujeres con discapacidad el pleno desarrollo de sus capacidades en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía. Asegura también el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad.