Rudi: “La actuación del Consejo Consultivo es fundamental para los decisores públicos en sus tareas de gestión”

El Estatuto de Autonomía de Aragón ha consolidado el Consejo Consultivo de Aragón como órgano de relevancia estatutaria configurándolo como suprema instancia consultiva del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma.   Este órgano recogió el legado de la Comisión Jurídica Asesora, quien según expresa la propia Ley 1/2009, había contribuido notablemente a la mejora de la acción de gobierno y de la actividad administrativa, aumentando la garantía de legalidad en la toma de decisiones.   Hoy, sus miembros, han tomado posesión de su cargo. Ramón Salanova Alcalde como presidente de este órgano supremo de asesoramiento. Como miembros del Consejo por su condición de juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional José Antonio Membiela Rodríguez, Juan García Blasco, Antonio Embid Irujo, Carlos Navarro del Cacho, Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco y Francisco Javier Serrano Gill de Albornoz. Como miembros del Consejo por haber desempeñado con anterioridad cargos públicos recogidos en el artículo 6.2º de la Ley de creación de este órgano consultivo han tomado posesión José Manuel Aspas y Aspas y Rafael Santacruz Blanco.   La Presidenta de Aragón, ha presidido el acto de toma de posesión del Consejo. Luisa Fernanda Rudi ha recordado que “en Aragón, la labor que han cumplido, tanto la Comisión Jurídica Asesora, como su sucesor, el Consejo Consultivo, a lo largo de estos años, ha permitido consolidar un importante cuerpo doctrinal. La parquedad de los medios con los que ha contado no ha supuesto, en modo alguno, un impedimento para la alta calidad de sus dictámenes. Ello debe atribuirse, sin duda alguna, a los prestigiosos juristas que a lo largo de los años ha servido en la Institución y a los que ésta debe su consolidación”.   Durante el acto de toma de posesión, en el que también ha estado presente el Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, y el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, la Presidenta del Ejecutivo autonómico ha reconocido la labor de aquellos que han sido miembros del Consejo a lo largo de los últimos años, materializando sus palabras en la persona de Juan Antonio García-Toledo, “quien durante todo este  tiempo ha sido su Presidente, cargo que hoy abandona a petición propia, y a quien quiero agradecer su trabajo y los servicios prestados en su dilatada y fructífera trayectoria”.   Rudi ha explicado que la función consultiva cumple una misión esencial en las modernas organizaciones públicas. “Su actuación supone un apoyo fundamental para los decisores públicos en sus tareas propias de la gestión pública”. El Gobierno de Aragón, además de respetar su independencia, atribuye un enorme valor tanto al contenido de sus dictámenes como a la rapidez con la que proceden a la emisión de los mismos.     COMPETENCIAS   En cuanto a funcionamiento, el Consejo distingue entre Pleno y Comisión. El Pleno está integrado por el Presidente y todos los miembros electivos, reservándose el conocimiento de las competencias de mayor trascendencia jurídica, política y social, como el conocimiento de los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía y de ley, los Convenios de colaboración con el Estado o los acuerdos de colaboración exterior. A la Comisión integrada por el Presidente y los juristas de reconocido prestigio se le atribuye el conocimiento de los asuntos de índole administrativa y de especialización jurídica.   El Consejo Consultivo está integrado por el presidente y ocho miembros que ostentan la condición política de aragoneses. De acuerdo con el artículo 5 de la mencionada Ley, el presidente deberá ser un jurista con más de quince años de experiencia profesional y reconocido prestigio público. Por su parte, seis de los miembros del Consejo Consultivo deberán ser juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional. Por otro lado, los dos miembros restantes deberán haber desempeñado algunos de los cargos públicos enumerados en el artículo 6.2º de la Ley 1/2009, de 30 marzo.