Seis presidentes autonómicos de la ‘España vacía’ reclamarán una financiación acorde al coste real de los servicios públicos.

La unión hace la fuerza. Las Comunidades Autónomas con los principales problemas demográficos de España han tomado conciencia clara de este principio y, por encima de colores políticos, han unido sus voces para elevar y mantener sus reivindicaciones compartidas ante el Gobierno de España y la Unión Europea. El próximo lunes, se reunirán de nuevo, esta vez en Zaragoza, los presidentes de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Aragón, con Javier Lambán como anfitrión, para dar un nuevo impulso al frente común que formaron a principios de este año para reclamar, entre otras cosas, una financiación autonómica acorde al coste real de los servicios públicos.

Estas seis Comunidades de la llamada ‘España vacía’ suman en total 4.463 municipios, lo que representa el 55% de todos los de España, y también más de la mitad del territorio nacional, en concreto el 52,8% de la superficie, y sin embargo solamente alcanzan el 21% de la población nacional. Estos problemas de dispersión y baja densidad de población, unidos a otros problemas demográficos como el elevado envejecimiento de sus habitantes acarrean unos elevados sobrecostes para los servicios propios del llamado Estado del Bienestar que prestan las Autonomías, especialmente la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

Frente a este problema del sobrecoste de los servicios públicos, que ya se puso de relieve en el encuentro mantenido en febrero en León por un primer grupo de cuatro Comunidades -al que se incorporarían después Castilla-La Mancha y La Rioja-, la reivindicación fundamental que está previsto plantear de nuevo el lunes es la aprobación urgente de un nuevo sistema de financiación autonómica que realmente se articule conforme al coste efectivo de los servicios esenciales, haciendo realidad el principio constitucional de igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que en su momento ya subrayó esta demanda de la ‘España vacía’, ha recordado además que los territorios participantes en la cumbre del lunes en Zaragoza comparten asimismo dificultades orográficas que igualmente condicionan y encarecen la prestación de los servicios públicos esenciales, así como la dotación de infraestructuras básicas de transportes y comunicaciones.

Un mes del IVA

Guillén ha avanzado que otra de las líneas de la declaración institucional que tienen previsto suscribir el lunes estos seis territorios será la asunción total por parte del Gobierno central del la liquidación completa del IVA de 2017, después de que el anterior Ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto incorporando información inmediata mediante medios electrónicos.

El consejero aragonés de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ya manifestó su preocupación desde el primer momento en que se comunicó en julio esta previsión de liquidación de sólo 11 mensualidades del IVA de 2017. El 50% cedido a las CC.AA. de la recaudación del IVA correspondiente a diciembre -calculó Gimeno en su momento- supone una minoración de ingresos cercana a los 2.500 millones de euros en total para las Autonomías de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) y Aragón concretamente –ha estimado en distintas ocasiones- podría perder entre 70 y 100 millones de euros, ha estimado en distintas ocasiones, aunque siempre ha confiado en que se encuentre una solución.

Ante la posibilidad de recurrir a endeudamiento para cubrir y evitar esta merma de ingresos, la ‘cumbre’ de los seis presidentes autonómicos del próximo lunes plantearía en todo caso que se asuma como deuda exclusivamente de la Administración del Estado y nunca de las propias Comunidades, ya que entonces la ley de Estabilidad Presupuestaria (también conocida como de ‘Déficit cero’) obligaría probablemente a todas a realizar otros ajustes en similar medida.

Mejor dotación de las ITI

Por otra parte, Guillén ha apuntado el propósito conjunto de los seis presidentes autonómicos de recabar la inclusión del reto demográfico reconocido por el Comité Europeo de las Regiones –la asamblea de representantes locales y regionales de la Unión- en el nuevo marco financiero plurianual de los 28 para el periodo 2021-2027, que está previsto aprobar definitivamente en 2019, potenciando así realmente la política de convergencia y cohesión interna.

Uno de los instrumentos de la política de cohesión de la UE son las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs). Precisamente Guillén ya trasladó en febrero las propuestas de Aragón para mejorar las ITIs al Comité de las Regiones, reclamando mejores condiciones de cofinanciación y atención a necesidades específicas como la despoblación.

El Comité de las Regiones asumió entonces que las ITIs requieren una dotación económica mayor y estable de los programas operativos. Ahora, el conjunto de Comunidades de la ‘España vacía’ que se reúne el lunes en Zaragoza prevé hacer propia esta reivindicación.

En Teruel, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Aragón 2014-2020 reconoce para la provincia una ITI que supone la aportación de 26 millones de euros desde Europa para proyectos generadores de empleo, pero el Gobierno aragonés ha de sumar otro tanto al tratarse de fondos cofinanciados al 50% por las Comunidades Autónomas. Un peso excesivo para Aragón, sostiene el consejero de Presidencia, ya que otras ITIs están cofinanciadas por la Administración del Estado.

Transición energética justa

A diferencia de anteriores cumbres, esta vez no está prevista otra declaración conjunta de las Comunidades que, además de los problemas demográficos, comparten la minería del carbón. No obstante, ha subrayado el consejero de Presidencia, Aragón insistirá en su defensa de una transición energética verdaderamente justa.

Una transición que por tanto exige el aplazamiento del cierre de centrales térmicas, particularmente la de Andorra, en Teruel, así como la reserva de un porcentaje para el carbón nacional en el mix energético de España, ha destacado Guillén. Ha recordado en este sentido el papel estratégico que desempeña y ha de mantener el carbón nacional por seguridad para garantizar un suministro que, como se ha comprobado precisamente este mes, no se puede cubrir totalmente con energías renovables y menos aún en momentos punta de demanda.

Además, con independencia de los últimos incrementos de los precios de casación del gas y el carbón a los que ha habido que recurrir ahora, el apagón térmico podría repercutir directamente en el recibo de la luz que pagan todos los ciudadanos. La subida de la luz podría alcanzar el 20%, según apuntó a finales de julio la consejera de Economía, Marta Gastón, tras el encuentro que mantuvo junto al presidente Lambán con representantes del Ayuntamiento de Andorra, el grupo empresarial SAMCA y los sindicatos UGT y CC.OO para abordar la situación del carbón y particularmente de la central térmica turolense.

Eso aparte del impacto social y territorial que supondría el cierre de la Térmica en Teruel, agravando el problema de la despoblación. El Comité de Empresa ha señalado en diversas ocasiones que en la Central de Andorra, entre la plantilla de Endesa y las contratas hay unos 400 empleos directos, pero con el complejo minero de empresas auxiliares y de servicios la cifra supera los 4.000 trabajadores, lo que supone el 40% del PIB provincial. “Si desaparece la Central, desaparece la mitad de la provincia de Teruel”, han advertido más de una vez.

En este sentido, los sindicatos han reclamado alternativas de reindustrialización hasta ahora inexistentes junto a la continuidad de la Térmica de Andorra durante 15 ó 20 años más como mínimo frente a la amenaza actual de cierre en el 2020, lo cual ven compatible con las inversiones requeridas para descontaminación de las emisiones por la lucha contra el cambio climático. El Gobierno de Aragón, ha indicado Vicente Guillén, volverá a reclamar al Gobierno central alternativas económicas tangibles para las cuencas mineras, con inversiones estatales que generen empleo y riqueza mediante un plan de reindustrialización.